Chile vuelve al punto de partida

Después de cuatro años y dos borradores constitucionales fallidos, el electorado chileno ha decidido volver a fojas cero y mantener en vigencia la muchas veces reformada Constitución de 1980. La votación de ayer ha sido clara: 55,76 % se inclinó en contra de la propuesta redactada por un Consejo Constitucional de mayoría derechista y prefirió quedarse con la Carta diseñada en el régimen de Augusto Pinochet, severamente alterada en 1989 y 2005. Ya el 4 de septiembre de 2022, los chilenos habían rechazado de manera contundente el radical texto propuesto por otra instancia, la Convención Constitucional, dominada por la izquierda.

El resultado de ayer deja en claro que el proceso definido en 2019 para sacar a Chile del asalto de grupos violentos que pusieron en jaque su democracia ha sido, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo que distrajo al país y permitió, en cambio, el agravamiento de problemas que siempre fueron prioritarios para la ciudadanía, como el combate contra la delincuencia, las precariedades del sistema de salud, el retraso de la educación o el incesante flujo de migrantes irregulares.

Golpe a la oposición

La derrota de la propuesta constitucional deja en mal pie a la oposición y a sus dos principales líderes, el republicano (derecha) José Antonio Kast y la alcaldesa UDI (centroderecha) Evelyn Matthei, quienes perdieron en su apuesta por jugarse por el A Favor. El traspié es especialmente costoso para Kast, cuyo partido controlaba la mayoría de los escaños en el Consejo Constitucional que redactó el borrador rechazado ayer.

Después de haberse opuesto por largo tiempo al proceso constitucional iniciado en 2019 y de haber hecho campaña por el Rechazo en 2022, Kast y su partido decidieron acoplarse al proceso y participar activamente en la elección para el Consejo Constitucional en mayo de este año, donde obtuvieron una abrumadora victoria. Sin embargo, el texto final fue denunciado por algunos grupos y líderes de derecha, quienes señalaron que no cumplía

con sus expectativas y que el mandato del 4 de septiembre de 2022 era claro al poner fin al proceso constitucional. Así, aunque minoritario, hubo un sector de la derecha que se mostró en contra de la propuesta, lo cual horadó el apoyo al documento.

El traspié de la derecha puede servir para que este sector abandone el triunfalismo que mostró después del plebiscito de 2022. La derecha chilena requiere desde hace rato una reflexión acerca de sus objetivos políticos, la manera en que enfrentará el futuro y los contenidos de su propuesta programática. Los triunfos de septiembre de 2022 y mayo de 2023 sirvieron para maquillar esa necesidad, pero ahora esta ha vuelto a emerger de manera nítida.

Gobierno ganador

Aunque el gobierno del Presidente Gabriel Boric trató de mostrarse neutral de cara al plebiscito, entregó múltiples señales de que prefería la opción En Contra. En ese sentido, el resultado de ayer constituye una victoria para una coalición que ha tenido innumerables problemas en su gestión. En todo caso, no deja este de ser un triunfo pírrico para la izquierda, pues el costo que ha debido pagar para conseguir la derrota de la «Constitución de Kast» ha sido aceptar (al menos por ahora) la «Constitución de Pinochet» que tantas veces denunciaron.

El doble rechazo constitucional (2022 y 2023) deja atrás un proceso fallido que tuvo su origen en el deseo egoísta de la clase política por salvarse a sí misma en un momento en que la ciudadanía exigía un recambio y la adopción de nuevas prioridades. Enfrentada en 2019 al ácido juicio crítico de la opinión pública, el entonces Presidente, Sebastián Piñera, convocó a las fuerzas políticas a firmar un acuerdo por la paz y una nueva Constitución. Esta última era una demanda largamente acariciada por la izquierda. Liderada por el oportunista Piñera, la clase política chilena sacrificó la Constitución para salvar su pellejo, sumiendo de paso al país en una incertidumbre institucional que condujo a cuatro años de discusión inútil que. La fatal distracción resultante facilitó la profundización de problemas sociales urgentes y permitió el surgimiento de otros nuevos.

En todo caso, no es evidente que la discusión constitucional se haya sellado. El Partido Comunista y otras agrupaciones de izquierda han declarado una «moratoria constitucional» por dos años, luego de los cuales pretenden volver a poner en tabla la sustitución de la Constitución de 1980. De alguna manera, la incertidumbre continúa.

Las prioridades

Al menos por ahora, la élite política se verá obligada a enfrentar, por fin, las urgencias que la sociedad le reclama desde hace años: el agudo deterioro de la seguridad ciudadana; el desordenado ingreso de inmigrantes ilegales; el fortalecimiento del crimen organizado y el consecuente el brusco auge de los homicidios; la crítica situación financiera de las instituciones de salud privada y las deficiencias de atención en la sanidad pública; las bajas pensiones; el estancamiento económico; la crisis de autoridad en la educación y las insuficiencias de la enseñanza. Se trata de un conjunto contundente de problemas que no ha recibido la atención que se merece y que provoca el disgusto de la población con sus representantes políticos.

La primera evidencia de la apertura de un nuevo ciclo debería ser un ajuste del gabinete de ministros del Presidente Boric. La profundidad de un cambio que se percibe como inevitable dará cuenta del interés del mandatario por tratar de usar la votación de ayer como un punto de inflexión que inicie un «segundo tiempo» con nuevos aires para su administración.

No será fácil para Boric, cuya administración se ha visto afectada por el diletantismo del propio mandatario, escándalos de corrupción, un magro desempeño económico, desempleo al alza, ineficiencia crónica y elevada impopularidad. El presidente seguirá enfrentando un Congreso fragmentado en el cual carece de mayoría. Si no abandona de una vez el ímpetu refundacional que le ha hecho fracasar hasta ahora, es difícil que Boric logre liderar una recuperación. La promesa de los partidos de izquierda de volver a insistir en el futuro con el cambio constitucional inserta un sustrato de incertidumbre que puede resultar muy dañino para la inversión y generar inestabilidad política.

Con su notable ingenio, GK Chesterton escribió alguna vez que la mejor manera de no hacer nada era darse una enorme vuelta para volver al punto de partida. Chile parece haber hecho exactamente eso: ha dado un giro de cuatro años para quedarse con la misma Constitución de antes, pero ahora severamente vulnerada por políticas irresponsables (como los retiros desde los fondos de pensiones) y con un ambiente social deteriorado por la falta de certezas.

• Juan Ignacio Brito es periodista, investigador del Centro Signos y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile