La UE cierra por fin su pacto migratorio para tener mayor control sobre las fronteras y solicitudes de asilo
El acuerdo incluye un mecanismo de 'solidaridad' que reparte a los solicitantes de asilo entre países desbordados y sus socios europeos
Tras una serie de intensas negociaciones, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han llegado a un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo.
Este pacto propone una reforma profunda en la política común de la Unión Europea, centrada en un mayor control de las fronteras exteriores y ofreciendo a los gobiernos un modelo de 'solidaridad a la carta'.
Es una nueva estructura que permitirá a los países eludir la acogida de algunos migrantes reubicados mediante alternativas como el pago de compensaciones por cada traslado rechazado.
La noticia fue anunciada por Jeroen Lenaers, eurodiputado del equipo de negociación, quien expresó su satisfacción al alcanzar este acuerdo después de años de estancamiento político: «¡Éxito! Después de años de estancamiento político, hemos llegado a un acuerdo», celebró.
Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó la importancia de este acuerdo en la gestión migratoria y de asilo, calificándolo como un momento histórico para la Unión Europea: «el 20 de diciembre de 2023 pasará a la historia. Estoy muy orgullosa de que con el Pacto sobre Migración y Asilo hayamos logrado ofrecer soluciones», destacó ella.
Y Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de migración, enfatizó que este acuerdo representa un punto de inflexión en los cinco pilares clave del Pacto de Migración y Asilo. Estos son la mejora de los procedimientos de asilo, el refuerzo del control fronterizo, el mecanismo de solidaridad flexible, las salvaguardas para colectivos vulnerables y las medidas de integración y retorno.
Claves del acuerdo
El acuerdo, que aún necesita la aprobación formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete, pretende establecer un equilibrio entre la 'solidaridad' con los países en primera línea, como España e Italia, y la 'responsabilidad' exigida por otros socios.
El mecanismo de 'solidaridad flexible' obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado por la llegada de migrantes, ya sea reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas o pagando una compensación tasada por cada migrante que rechacen acoger.
Se busca trasladar al menos 30.000 migrantes cada año, con la opción de que los países rechacen acoger a parte de ellos a cambio de una compensación de 20.000 euros o medios equivalentes por cada traslado rechazado.
El modelo de solidaridad 'a la carta' también se aplicará en situaciones de crisis o fuerza mayor, aunque no se ha logrado implementar un sistema obligatorio de cuotas de acogida, como inicialmente propusieron el Parlamento Europeo y países como España e Italia.
Entre los retos que enfrentó el acuerdo se encontraban las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, como menores no acompañados y familias, en los procedimientos acelerados en frontera, que incluyen deportaciones rápidas para quienes no reciban el estatus de asilado y procedan de países considerados seguros.
Finalmente, la Comisión Europea propuso el nuevo pacto en septiembre de 2020, buscando mejorar los procedimientos y alcanzar un acuerdo sobre el reparto equitativo de responsabilidades y solidaridad ante los flujos migratorios.
El Parlamento aprobó sus mandatos principales en abril de 2023, y el acuerdo provisional deberá ser formalmente adoptado por el Parlamento y el Consejo antes de entrar en vigencia. Se han comprometido a adoptar la reforma de las reglas europeas en materia de migración y asilo antes de las elecciones europeas de 2024.