Bruselas mira con lupa las tiendas de aplicaciones de Apple y Google por si infringen ley de transparencia

La Comisión Europea se ha tomado en serio el control de las multinacionales tecnológicas que operan en territorio comunitario y ha abierta una nueva investigación la pasada semana a Apple y a Google para conocer el grado de cumplimiento de sus tiendas de aplicaciones con la nueva ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

Esta legislación, entre otros puntos, fija nuevos criterios de transparencia para conocer los algoritmos y su impacto en el usuario. La última consulta (la décima a estas dos empresas), en concreto, va dirigida a conocer el grado de peligrosidad de las empresas que ofertan sus productos en dichas plataformas.

Los usuarios que descarguen o compren cualquier aplicación aceptan una serie de condiciones y de términos legales que, aunque son públicos, no siempre se cumplen. Es ahí donde Bruselas quiere incidir. Por otro lado, los sistemas publicitarios manejan los datos personales de los ciudadanos, un hecho que también supone un alto riesgo al manejar información sensible que es usada para recomendar de manera personalizada determinados productos.

Toda esta información forma parte del negocio de estas empresas al venderla a terceros. La fecha límite para responder a la Comisión es el próximo 15 de enero. Si Bruselas lo considera insuficiente, podría aplicar medidas cautelares y restringir su oferta o limitar el alcance hasta nuevo aviso.

Según reconocen fuentes de la comisión, esas medidas «no irían más allá de lo necesario para prevenir daños graves» y estarían limitadas en el tiempo, aunque se podrían renovar «si fuera necesario y apropiado», según establece la ley.

En caso de considerar que ambas empresas incumplen la ley de servicios digitales, se impondría una multa y, como último recurso, se podría requerir a la justicia la suspensión de la plataforma en la Unión Europea.

La legislación también prevé sanciones a plataformas de contenido como las redes sociales Facebook, X (Twitter), Instagram, etc. si alojan información que consideren ilegal o contraria a los intereses de la Unión Europea.

Bajo el paraguas que supone el concepto «desinformación» o «delito de odio», Bruselas puede exigir la eliminación de determinados contenidos a estos proveedores. Si no lo hicieran, la Comisión se arroga la potestad para eliminarlo de manera unilateral.

El comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, ha publicado en varias ocasiones en su perfil de X las solicitudes y medidas que se toman en contra de estas plataformas.

El pasado lunes 18 de diciembre anunció un nuevo proceso de infracción de la plataforma de Elon Musk por tres supuestas infracciones: sospecha de incumplimiento de las obligaciones de contrarrestar contenido considerado ilegal o desinformación, sospecha de incumplimiento de las obligaciones de transparencia y sospecha de diseño engañoso de la interfaz del usuario.