Un nuevo año para Venezuela entre la incertidumbre y la esperanza
El 2024 viene marcado por la crisis económica, con un salario mínimo de tres dólares, un aumento del 105 % en el precio del dólar y 82 % de la población en estado de pobreza y sin servicios públicos confiables
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un acto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas
Se inicia un nuevo año en Venezuela marcado por una serie de eventos ocurridos en 2023, y que nos anuncian un 2024 políticamente incierto y, definitivamente, complicado social, política y económicamente.
El primer gran evento tuvo lugar en enero de 2023, cuando el entonces diputado Juan Guaidó, quien actuó durante casi cuatro años como 'presidente encargado' de Venezuela tras su proclamación por la Asamblea Nacional del 2015, vio cómo la misma oposición que lo había encumbrado a un mandato interino, lo defenestraba.
Otro evento importante tuvo lugar un mes más tarde. La Plataforma Unitaria que representaba a la mayoría opositora, decidió convocar unas elecciones primarias para elegir al que sería su candidato para enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para el 2024, y fijó como fecha para celebrarlas el 22 de octubre, un día que el chavismo trató, sin éxito, de borrar del calendario por todos los medios, al intuir lo que podría ocurrir.
En marzo, se destapó un escándalo de corrupción que, dada su magnitud y los personajes involucrados, obligó al Gobierno a realizar una purga sin precedentes llamado «plan anticorrupción», que condujo a la detención de altos ejecutivos oficiales, empresarios privados y funcionarios en casi todos los poderes del Estado implicados en millonarios delitos económicos.
Un total de 61 destituidos y apresados, dos muertes en extrañas circunstancias y la renuncia vía Twitter, y posterior «desaparición», del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissamí, fue el saldo de ese operativo.
En total, el escándalo puso en evidencia la desaparición de más 100 mil millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA), así como de las cuentas de criptomonedas del Estado y de otras instituciones.
En mayo, fuimos sorprendidos por la paralización, sin ninguna explicación, de la «operación anticorrupción», que se había iniciado y que prometió acabar con el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del Estado y sus cómplices, después de que, durante más de un mes y medio, el Ejecutivo enarbolara la bandera de la transparencia e informara, casi a diario, de la marcha del plan.
Hasta la fecha, el ministro El Aissamí sigue desaparecido, sin que el Gobierno dé cuenta de ello.
Mientras tanto y poco tiempo antes, en abril de 2023, el diputado Guaidó, como consecuencia del acoso y las amenazas del Gobierno contra su integridad física y la de su familia, además de la falta de apoyo de sus, hasta entonces, compañeros opositores de lucha, optó por tirar la toalla, abandonó el país y se fue al exilio rumbo a Estados Unidos.
En el mes de junio, cuando el proceso hacia las primarias opositoras de octubre ya avanzaba de forma impresionante, con María Corina Machado a la cabeza, y la comisión organizadora valoraba contar con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE), la cúpula del ente rector electoral renunció por sorpresa, con el «noble propósito» de que Venezuela «termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad».
El giro fue interpretado por la oposición y la comunidad internacional como una estrategia para boicotear las elecciones primaria opositoras.
Apenas un mes más tarde, en agosto, el Gobierno procedió al nombramiento de los nuevos rectores titulares del CNE –tres chavistas y dos «opositores»– lo cual prendió las alarmas y agudizó las sospechas de su intención de boicotear las primarias, sobre las que planeaba el fantasma de la suspensión desde el momento en que se convocaron.
Las críticas desde distintos sectores no se hicieron esperar, especialmente, al ser designado como presidente del ente, Elvis Amoroso, hasta ese momento, contralor general, el mismo que había inhabilitado a la opositora María Corina Machado.
El mes de octubre fue particularmente importante, debido, en primer lugar, al triunfo arrollador de la candidata opositora en la elecciones primarias de la oposición, (logró el 95 % de los votos sobre los 2,5 millones de participantes) pese a estar supuestamente inhabilitada administrativa y políticamente para optar a cargos de elección popular.
Casi al mismo tiempo, la negociación entre el Gobierno y la oposición, mediada por Noruega y celebrada en Barbados, abrió la puerta para el levantamiento de algunas sanciones al Gobierno, a cambio del inicio del proceso de habilitación de los candidatos opositores y la liberación de los presos políticos.
Los meses finales del año, estuvieron caracterizados por el conflicto entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo y por la campaña del Gobierno para realizar un referendo consultivo dirigido a «convencer» a los venezolanos de los que ya todos sabemos sobre que la zona en litigio es venezolana.
El referendo del 3 de diciembre resultó un fiasco para el Gobierno debido a la baja participación, lo cual debilitó su capacidad para defender nuestros derechos de titularidad y condujo al escalamiento del conflicto.
Este fracaso oficial, fue opacado por la decisión del Gobierno de liberar a 36 prisioneros políticos, incluidos diez ciudadanos norteamericanos, y por el intercambio que liberó a Alex Saab, presunto testaferro de Maduro preso en Estados Unidos desde octubre de 2021.
Así comienza nuestro nuevo año, entre la incertidumbre de lo que ocurrirá con la crisis económica, con un salario mínimo de tres dólares, un aumento del 105 % en el precio del dólar y 82 % de la población en estado de pobreza y sin servicios públicos (salud, energía, agua, educación) confiables, pero con la esperanza de que el arrollador movimiento opositor logre la victoria final en las elecciones presidenciales.
