Un magistrado del Supremo y detractor de Netanyahu defenderá a Israel en la causa del genocidio en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, nunca habría imaginado hace apenas un año que se encontraría apoyando la designación de uno de sus principales detractores en la esfera judicial y que hoy, paradójicamente, se ha convertido en el hombre sobre cuyos hombros reposa la reputación internacional de Israel. Pero la vida da muchas vueltas y, como viejo animal político, el premier israelí sabe más por viejo que por político.

Netanyahu ha dado el visto bueno a la recomendación de la Fiscalía del Estado de nombrar al expresidente del Tribunal Supremo, Aharon Barak, 87 años, para integrar el panel de 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que este jueves analizará en una audiencia la denuncia presentada por Sudáfrica, que acusa a Israel de genocidio en Gaza.

Aparte de los miembros del tribunal permanente de La Haya, ambas partes en un caso pueden designar a magistrados para que puedan sumarse a las deliberaciones. En momentos en los que libra una guerra sin cuartel contra el movimiento islamista Hamás en Gaza y arrecia el temor de que se irradie a otros frentes en la región, a Israel le importa y mucho, tener qué decir ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, es vital estar ahí.

Y es que la denuncia presentada por Sudáfrica ante la CIJ solicita la adopción de medidas cautelares que impidan que Israel incurra en el acometimiento de posibles actos de genocidio, al pedir principalmente el cese de las operaciones de combate. Este punto, que concita el apoyo a Sudáfrica por parte de varios actores, podría suponer un revés internacional para el Estado judío, que se ha visto obligado a revertir su tradicional boicot al tribunal de la ONU para buscar posicionar su actuación. Como trasfondo, el arma arrojadiza –o bumerán, si se tiene en cuenta cómo se acuñó el término–, en que se ha convertido la denuncia de presunto genocidio.

Las decisiones del tribunal internacional se adoptan por una mayoría simple de los jueces que presiden el panel y se desconoce qué peso podría tener el papel de Barak en todo ello. No obstante, su nombramiento ha desencadenado un torrente de reacciones en Israel y lecturas acerca de qué se busca con su representación en la CIJ.

¿Quién es Aharon Barak?

Superviviente del Holocausto y veterano juez retirado, se las prometía muy felices en su nueva residencia de Tel Aviv, hasta que el año pasado se abrió una brecha social en Israel por la reforma judicial impulsada por Netanyahu, que llevó a miles israelíes a las calles. Su casa se convirtió entonces en foco de escraches y punto de reunión de defensores y contrarios a la medida que, a la postre, buscaba soslayar los poderes asumidos por el Supremo conforme a una doctrina atribuida en gran medida al mandato de Barak (1995-2006). En ausencia de una Carta Magna, en Israel (cuenta con leyes básicas) la jurisprudencia sentaba que los jueces eran los encargados de interpretar si los actos políticos y administrativos son conformes al derecho.

La reforma planteada por el gabinete salido de las urnas en 2022 –hoy lo hace un Gobierno de guerra por la situación excepcional–, planteaba poner freno a la actuación de los jueces. Pero lo que sus opositores censuraban, en términos generales, era que el Ejecutivo buscaba diluir la separación de poderes y eximir a Netanyahu de las causas judiciales pendientes.

Con todo, existe un consenso tácito en Israel de que la figura de Barak es respetada internacionalmente y, a tenor de sus conocidas críticas hacia Netanyahu, no faltan analistas que consideran que, pese a haber aceptado el nombramiento, es todo menos un aliado del primer ministro, sino más bien un «patriota».

La designación de Barak tiene sus detractores dentro del Ejecutivo como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, líder de la formación supremacista Partido Sionista Religioso. El lunes censuró el nombramiento del juez retirado como representante israelí en La Haya alegando que no había sido consultada previamente.

En cambio, el líder de la oposición y ex primer ministro israelí Yair Lapid, manifestó en X, antes Twitter, que «no es la primera vez que el Estado de Israel necesita la mente, el conocimiento infinito y el estatus único en la justicia internacional de Aharón Barak».

Guideon Saar, del partido Unión Nacional y antiguo miembro del partido de Netanyahu, comentó que «en el momento de la verdad, la instigación, la difamación y deslegitimación le abrió el camino (a Barak) al reconocimiento internacional», al valorar la decisión como «correcta».

En cambio, la diputada del oficialista Likud, Tally Gotliv expresó su desacuerdo con el nombramiento: «¿Quien ha cargado contra el Gobierno bajo un foco negativo ahora representa al país? Y todo bajo los auspicios de un Gobierno de derechas. Extraordinario».

Política al margen, también proliferaron los comentarios en redes, como el de un lector que pedía: «No seáis ingenuos. Netanyahu se ha asegurado de que Barak esté ocupado en otra parte, en lugar de en el golpe judicial y quizá incluso en otro país».

Israel ante la CIJ

Israel tiene previsto presentar ante la Corte una compilación de escenas atroces cometidas por Hamás en su ataque coordinado del 7 de octubre, incluidos recursos grabados por las propias cámaras que portaron los terroristas, cuyo contenido ha sido difundido entre periodistas, diplomáticos y líderes internacionales.

Varios ministerios y agencias gubernamentales israelíes están involucrados en el procedimiento legal que verá la CIJ, entre ellos Justicia, Exteriores y la Oficina del Primer Ministro.

El portavoz del Gobierno israelí, Eylon Levy, manifestó esta semana que «Sudáfrica ha elegido desempeñar el papel de defensora del demonio» antes de argumentar que «fue Hamás quien perpetró un acto de genocidio el 7 de octubre».

En una comparecencia informativa con prensa extranjera, el portavoz fue más lejos al considerar al país sudafricano «cómplice criminal del régimen de violadores de Hamás en su decisión de otorgarle cobertura política y jurídica».

En su denuncia, emitida el 29 de diciembre, Sudáfrica acusó a Israel de llevar a cabo acciones durante la guerra contra Hamás en Gaza, que «son genocidas en su carácter, porque son cometidas con el requisito específico e intención (...) de destruir a palestinos en Gaza como parte de la más amplia nación palestina y grupo racial y étnico».

Israel rechaza que tenga como objetivo a civiles no involucrados en Gaza y sostiene que lleva a cabo una campaña para defender su seguridad. También acusa a los grupos terroristas con sede en la Franja de utilizar a la población como escudos humanos al operar desde lugares, incluidas escuelas y hospitales, que se supone deben estar protegidos de personas armadas y munición.

Como signatario de la Convención sobre el Genocidio adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, Israel está sujeto a la jurisdicción de la CIJ y sus fallos. Tiene, según sus términos, la obligación de enviar representantes al tribunal tras la presentación de una demanda en su contra.

El Estado judío declaró la guerra a Hamás después de que el grupo terrorista irrumpiera en su territorio desde Gaza el 7 de octubre en un ataque coordinado que acabó con las vidas de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y el secuestro de más de 240 personas (hoy quedan 136 rehenes en Gaza de acuerdo a Israel).

El Ministerio de Salud en Gaza, dirigido por Hamás, contabiliza en más de 23.000 los fallecidos en las operaciones militares israelíes, en su mayoría civiles. Israel incluye a unos 8.500 milicianos del grupo islamista y un número indeterminado de civiles muertos por cohetes palestinos en el enclave. Además, un millar de terroristas fueron abatidos en suelo israelí durante el asalto iniciado el 7 de octubre.