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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la rueda de prensa este martes en DavosAFP

Censura mediática

Von der Leyen en Davos: «La preocupación principal durante los próximos dos años es la desinformación»

La presidenta de la Comisión Europea ha apartado la tradicional preocupación por el clima para centrarse en el control de los contenidos en redes sociales y medios de comunicación

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció este martes su discurso de cada año en la reunión del Foro Económico Mundial (FEM) que se celebra en la ciudad suiza de Davos. En esta ocasión, la emergencia ya no es un posible conflicto nuclear o la crisis económica, sino la lucha contra la desinformación.

Cerca de 2.800 líderes políticos y económicos de 120 países se reúnen durante esta semana en la 54ª reunión del FEM. Durante cinco días, se suceden una tras otra varias conferencias en las que se muestran las cartas de lo que será el mundo en los próximos meses y años.

El FEM es un lugar de encuentro para cerrar negocios, acuerdos políticos y marcar las líneas de lo que debe ser la política, según una serie de personas interconectadas a nivel global a través de las finanzas o de intereses políticos.

En los últimos años el tema recurrente había sido la lucha contra el cambio climático. En esta ocasión, para Von der Leyen, «la preocupación principal durante los próximos dos años no son los conflictos o el clima, sino la desinformación y la información incorrecta, seguido de la polarización en nuestras sociedades».

A la alemana no se le puede criticar por jugar sucio o con las cartas marcadas. Esto mismo es lo que lleva defendiendo Bruselas desde hace años, en especial bajo su mandato en la última legislatura 2019-2024. Así, la UE ha aprobado dos leyes que fundamentan la censura con la excusa de la lucha por la libertad informativa y la desinformación.

Primero, la ley de servicios digitales (Digital Service Act) que permite a la UE imponer una serie de narrativas a los proveedores tecnológicos para forzarlos a eliminar todo contenido que consideren dañino o peligroso. Desde el momento en el que un gobernante impone una verdad, todo aquello que queda fuera de los límites puede ser censurado. El Gobierno español está intentando censurar a varios medios en este momento valiéndose de esta excusa.

Segundo, la ley de libertad mediática (Freedom Media Act) que, supuestamente, protege a los periodistas en su labor periodística y obliga a mayor transparencia a los medios de comunicación. En la práctica esta ley se aprobó con el fin de evitar el contraataque del antiguo gobierno polaco y el actual húngaro para minimizar el control de los medios en sus países que se ejercía desde el extranjero -en concreto, Alemania-.

La élite europea y global sabe que la libertad de expresión es un riesgo a su poder hegemónico. «Estos riesgos son serios porque limitan nuestra capacidad de resolver los grandes desafíos globales a los que nos enfrentamos», explicó la presidenta de la Comisión, «cambios en nuestro clima, cambios en nuestra demografía y en nuestra tecnología, conflictos regionales crecientes, así como la competición geopolítica en aumento y sus impactos en las cadenas de suministro».

2016, el año que lo cambia todo

La expresado por Von der Leyen se lleva preparando desde 2016, año fatídico para el progresismo global. En ese año, el pueblo colombiano voto «no» al proceso de paz con las FARC. El expresidente Juan Manuel Santos, haciendo caso omiso a lo expresado por el pueblo en las urnas, acabó imponiendo el pacto a cambio del Premio Nobel de la Paz y un sillón en la Fundación Rockefeller con un salario de un millón de dólares al año.

En noviembre de 2016 ganó Donald Trump a Hillary Clinton. Rápidamente salieron medios de comunicación y asociaciones progresistas -muchas de ellas financiadas por la red Open Society Foundations de George Soros- a culpar a las grandes tecnológicas por no haber censurado lo suficiente las «fake news» del expresidente. No dijeron nada de los bulos de los demócratas, lo que indica que no importa la desinformación, sino quién la practique.

Algo parecido ocurrió tras el Brexit en el mismo año. Como consecuencia, la por entonces canciller alemana Angela Merkel empezó a hablar de la importancia de hacer frente a las «fake news» para «proteger la democracia».

De aquellos barros, estos lodos. La dominación tradicional de la élite sobre grandes capas de la población ya no existe. La pandemia fue un antes y un después, cruzaron tantas líneas rojas que la pérdida de confianza es total. Así lo reconoció indirectamente Von der Leyen: «Este no es momento para conflictos o más polarización, este es un momento para construir confianza».

Esto se puede apreciar en la confianza de los espectadores en los medios de comunicación, gran parte de ellos pertenecientes a conglomerados mediáticos estadounidenses. En este país, tan solo el 29 % de la población confía en sus medios, según el Instituto Poynter.

En contraposición, según el Pew Research Center, la mitad de los jóvenes de 18 a 29 años de Estados Unidos dicen confiar mucho o bastante en la información que obtienen de las redes sociales. Esto explica el deseo de control de los contenidos en las plataformas digitales y la cada vez menor libertad de expresión en Internet.

A esto se le deben sumar las verificadoras, que no son otra cosa que empresas cuya misión es comprobar la información de aquellos que dudan de la versión oficial dominante. La mayoría de esas verificadores pertenecen a la International Fackt-Checking Network que, a su vez, pertenece al Instituto Poynter y que, a su vez, ha sido financiado por las grandes tecnológicas como Google, Meta o, incluso, Open Society Foundations de Soros.

Von der Leyen, y otros tantos como ella, ya han avisado de cuál va a ser la preocupación principal en los próximos años. Es de esperar que aumente la financiación de proyectos y se apruebe nueva legislación en este sentido. En Europa esto puede verse frenado o limitado si en las próximas elecciones los conservadores e identitarios consiguen la suficiente fuerza como para forzar un cambio en el seno de la UE, hoy dominado por los populares aliados con la izquierda, los liberales y los verdes.