La Corte Internacional de Justicia exige a Israel que «tome medidas» para evitar un genocidio pero no impone un alto el fuego

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, ha obligado a Israel a tomar «medidas urgentes» para evitar un «posible» genocidio sobre la población de Gaza Sin embargo, el Tribunal de la ONU no se ha pronunciado sobre la petición de un alto el fuego. Una decisión que cobra especial significado al anunciarse en la víspera en la que se conmemora el Día Internacional del Holocausto, este sábado 27 de enero, siendo este el mayor genocidio de la Historia reciente. La CIJ ha cobrado un papel determinante en el transcurso de la guerra en la Franja de Gaza entre Hamás e Israel.

Este fallo supone, tan solo, un primer paso en el caso presentado por Sudáfrica. La sentencia final sobre el cargo de genocidio no se conocerá hasta dentro de varios años. Es más, aunque las medidas provisionales del Tribunal son jurídicamente vinculantes, este no posee los medios para hacer cumplir la ley y no está claro que Israel implemente las demandas. Sin embargo, en el ámbito diplomático sí supone un varapalo para el país hebreo, ya que aumenta las presiones tanto internas como externas sobre el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

El CIJ ha dictaminado, finalmente, que tiene competencias para pronunciarse sobre el caso y, por lo tanto, ha exigido a Israel que «tome medidas» para impedir actos de genocidio en la Franja de Gaza. En esta misma línea, el Tribunal ha instado al país hebreo a que impida y castigue la incitación al genocidio por parte de políticos y altos cargos militares, así como facilitar y permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino. La implementación de un alto el fuego, la medida que más polémica suscitaba, ha sido, finalmente, desestimada.

El pasado mes de diciembre, Sudáfrica decidió tomar cartas en el asunto y demandó a Israel por genocidio ante la CIJ por su ofensiva militar en el enclave palestino. El país que encumbró a Nelson Mandela y luchó contra el apartheid, acusa al Estado judío de estar violando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). El tribunal de la ONU celebró el pasado 11 y 12 de enero dos audiencias públicas para examinar las «medidas provisionales» solicitadas por Sudáfrica, entre las que pedía medidas cautelares como el cese de la ofensiva israelí en Gaza.

Durante estas sesiones, ambos países pudieron defender su postura ante un caso de vital relevancia. Pretoria presentó las múltiples declaraciones de ministros del Gobierno de Netanyahu y mandos militares israelíes como pruebas para asegurar que la ofensiva aérea y terrestre del país hebreo tiene como objetivo provocar «la destrucción de la población» de Gaza. Entre las declaraciones se recogen las realizadas por el ministro de Patrimonio Histórico, Amijai Eliyahu, que sugirió lanzar una bomba atómica sobre la Franja.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se refirió a los gazatíes como «animales humanos», despojándoles de cualquier atisbo de humanidad. Este tipo de intervenciones han sido la tónica habitual por parte de figuras destacadas de la política y del estamento militar israelí a lo largo de la ofensiva sobre el enclave. A punto de cumplirse los cuatro meses de guerra, el Ministerio de Salud gazatí, en manos de Hamás, eleva la cifra de muertos a 26.083 en su mayoría mujeres, adolescentes y niños. Esto supone que el 1 % de la población de la Franja ha perdido la vida desde el pasado 8 de octubre.

Israel niega categóricamente las acusaciones. Para su defensa, el Estado judío ha desclasificado hasta 30 órdenes en las que dirigentes gubernamentales y militares piden que se tomen medidas para limitar las muertes de civiles en Gaza y facilitar la ayuda humanitaria hacia el enclave, según publicó The New York Times. Estos documentos pretendían demostrar que los comentarios incendiarios realizados por múltiples funcionarios israelíes no han desempeñado ningún papel en la toma de decisiones.

«El primer ministro insistió una y otra vez en la necesidad de aumentar significativamente la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza», se puede leer en uno de los documentos desclasificados, concretamente en el acta de una reunión del gabinete israelí, celebrada el pasado 14 de noviembre. Pero para Sudáfrica, «la escala de destrucción en Gaza, los ataques contra hogares familiares y civiles, el hecho de que la guerra sea una guerra contra los niños, dejan claro que la intención genocida se entiende y se ha puesto en práctica. La intención articulada es la destrucción de la vida palestina», aseguró, frente a la CIJ, el abogado Tembeka Ngcukaitobi.

Israel defiende que nunca quiso esta guerra y que se vio obligado a entrar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Miles de milicianos de la organización islamista palestina se infiltraron por tierra, mar y aire en el país hebreo, matando a 1.200 israelíes, en su mayoría civiles, además de raptar a más de 240. Un día negro para la joven historia del Estado judío, que vivió su propio 11-S. Tras el atentado, Israel declaró la guerra contra Hamás y aseguró que no cesaría en sus ataques hasta haber desmantelado por completo las capacidades militares de la milicia.

Mientras que todas las miradas estaban puestas en La Haya, a la espera de que los 17 magistrados del CIJ emitieran su fallo, el Ejército israelí intensificaba sus ataques contra el sur de Gaza. La ciudad sureña de Jan Yunis está siendo escenario de intensos combates y sus dos principales hospitales han sido cercados. «Las Fuerzas de Defensa de Israel están llevando a cabo operaciones precisas contra la organización terrorista Hamás en Jan Yunis. La inteligencia del Ejército indica que los terroristas de Hamás están operando desde el interior y los alrededores del hospital Naser y el hospital Al Amal», aseguró un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).