Albares resta importancia a la inhabilitación de Machado y el cierre de la vía electoral en Venezuela

Mientras Uruguay, Argentina, Ecuador y Paraguay, así como una treintena de expresidentes iberoamericanos miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y la Organización de Estados Americano (OEA) han rechazado la decisión del régimen venezolano de inhabilitar la candidatura presidencial de María Corina Machado, el Gobierno de España una vez más se ha alineado con la dictadura chavista de Nicolas Maduro.

Tras ser preguntado por Carlos Floriano, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió en su propuesta de revisar las sanciones europeas contra Venezuela.

«Lo que nosotros planteamos, con mucha lógica y coherencia y me vuelvo a ratificar en ello, es que la Unión Europea (UE) no puede hacer abstracción de algo que no es un fin, sino un medio y que hay que revisarlo», replicó Albares a las críticas de estar blanqueando el régimen bolivariano.

Albares incluso matizó el golpe del régimen a la vía electoral negociada en Barbados y patrocinada a nivel internacional al agregar que «no ensancha el pluralismo, no es algo que vaya en la línea de lo que a nosotros nos gustaría ver».

«Liquida» la vía electoral

La propia Organización de Estados Americanos (OEA), en un duro pronunciamiento, aseguró que la acción contra la candidata ganadora de las primarias y la «prisión política» de actores vinculados a esa candidatura dejan claro que el régimen venezolano «no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes».

Para el organismo continental, un eventual reemplazo de la candidatura de Machado significaría pasar por alto «el pronunciamiento popular indiscutible» en las elecciones primarias de junio y «liquida una vez más para Venezuela la posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes».

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revisión de la política de sanciones sobre Venezuela, tras considerar que la acción es «incongruente» con el compromiso de celebrar elecciones competitivas y va en contra de un acuerdo suscrito en Barbados.