Bukele defiende su política de mano dura con los pandilleros: «Mételos a todos en la cárcel para que no maten»
Nayib Bukele responde enérgicamente a las críticas sobre la alta tasa de encarcelamiento en su país, defendiendo su estrategia en la lucha contra las maras
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió en la red social X –antes Twitter– a una publicación de la cuenta Creepy.org que señalaba la alta tasa de encarcelamiento en el país centroamericano. La imagen compartida mostraba pandilleros en una cárcel con el mensaje: «Una prisión en El Salvador. Un país que alguna vez fue conocido por tener la tasa de asesinatos más alta del mundo ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo».
Bukele reaccionó a este post escribiendo en la misma red social: «Vale, veamos: La tasa de homicidios más alta del mundo = la mayor cantidad de asesinos en las calles del mundo». A continuación, planteó una posible solución al problema: «¿Solución? Mételos a todos en la cárcel para que no puedan matar más». Además, destacó el resultado de esta estrategia al afirmar: «Resultado: La tasa de encarcelamiento más alta del mundo/el país más seguro del hemisferio occidental. No es ciencia espacial».
Bukele ha liderado en El Salvador una «guerra contra las pandillas» bajo un régimen de excepción, que ha sido su principal medida en materia de seguridad. Esta estrategia ha llevado a encarcelar aproximadamente 76.000 personas (según algunas organizaciones), todas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estas bandas.
La guerra contra las pandillas ha contribuido a aumentar la popularidad de Bukele, lo que le permitió ser reelegido para un segundo mandato consecutivo con más del 85 % de los votos, pues ha cambiado radicalmente El Salvador y ha devuelto la seguridad a las calles. De hecho, antes de su llegada la mayoría de ciudadanos del país no salían de casa salvo que fuera imprescindible por temor a que les pudiese suceder algo. Todo estaba controlado por las maras.
No obstante, algunas organizaciones nacionales y extranjeras han denunciado violaciones a los derechos humanos durante este régimen de excepción, señalando que más de 200 privados de libertad han muerto en custodia estatal.