Assange se ausenta por enfermedad del juicio para su extradición a EE.UU.

Estados Unidos ha solicitado la extradición de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, alegando motivos y objetivos políticos que se consideran inadmisibles según el Tratado de Extradición con el Reino Unido y en contravención de la Convención de Derechos Humanos incorporada a la legislación británica. Esta argumentación fue presentada el martes por el equipo legal de Assange ante el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales.

El propio Assange no estuvo presente en el tribunal debido a problemas de salud, según su abogado James Fitzgerald. Mientras tanto, su esposa Stella y su padre John Shipton ocuparon un lugar en la sala durante el primer día de audiencias públicas.

En las afueras, se congregó una animada concentración de manifestantes en solidaridad con el fundador de WikiLeaks, quien ha estado en la mira del Gobierno estadounidense desde la publicación de documentos clasificados del Estado por parte de Chelsea Manning hace 14 años. El equipo legal argumentó que ningún director de un medio de comunicación ha enfrentado procesos judiciales en EE. UU. por la publicación de informes secretos, y subrayó la naturaleza política del procedimiento.

Julian Assange enfrenta 18 cargos relacionados con la obtención y difusión de información, con pleno conocimiento de que esta «podría utilizarse en detrimento de EE. UU. y en beneficio de una nación extranjera». El abogado Marc Summer destacó el «interés público» de dichas pruebas documentales que revelan la «presunta responsabilidad del Gobierno estadounidense en graves crímenes» como tortura, asesinato de civiles o secuestro de sospechosos de terrorismo.

Assange busca impugnar los aspectos «políticos» de la solicitud estadounidense, los cuales fueron aceptados en 2021. Aunque un tribunal de primera instancia bloqueó inicialmente la extradición debido al riesgo de suicidio, garantías diplomáticas ofrecidas en la apelación levantaron esa prohibición humanitaria. Assange cumplirá cinco años de reclusión en abril en la prisión de máxima seguridad de Londres.

A pesar de haber agotado su condena de 50 semanas impuesta en mayo de 2019, tras ser desalojado de la embajada de Ecuador, permanece detenido sin cargos a la espera de la decisión sobre la solicitud de extradición de EE. UU. Un fallo a favor en el Alto Tribunal conduciría a un nuevo juicio, donde la libertad de prensa y el derecho del público a conocer la verdad sobre las acciones estatales tomarían prioridad. En caso contrario, significaría el fin de su vida legal en el Reino Unido.