España no defiende su soberanía tras el asesinato del piloto ruso en Alicante. ¿Qué hicieron otros países?
El asesinato en España del expiloto ruso que desertó en un helicóptero Mi-8 a Ucrania Maksim Kuzminov ha desatado toda clase de especulaciones, incluida la inevitable referencia a una posible operación de los servicios secretos rusos.
Como informó El Debate, el hecho de que el cadáver presentara disparos en la cabeza y en el pecho indicaba que había sido ejecutado por un sicario.
El hecho, una escandalosa violación de la soberanía española y del derecho internacional, además de reflejar el descontrol de seguridad que existe en nuestro país, apenas ha despertado una reacción en el gobierno.
La tibia respuesta de España ante un asesinato político de un opositor extranjero en nuestro territorio se hace más ensordecedora si se compara con la reacción de otros gobiernos ante sucesos similares. Valgan tres ejemplos.
Canadá
El pasado mes de junio de 2023, el líder separatista sij, con ciudadanía canadiense, Hardeep Singh Nijjar murió asesinado a tiros frente a un templo de Vancouver.
El gobierno de Justin Trudeau actuó con rapidez, identificó pruebas que apuntaban a un asesinato político por parte de agentes del gobierno indio de Narendra Modi.
Trudeau declaró ante la Cámara de los Comunes que la participación de un gobierno extranjero en el asesinato de un ciudadano canadiense suponía «una violación inaceptable de nuestra soberanía».
El primer ministro canadiense incluso abordó a Modi durante la reunión del G20 en Nueva Dheli y le reprochó a la cara el asesinato.
«Canadá ha declarado su profunda preocupación a los principales funcionarios de inteligencia y seguridad del gobierno indio. La semana pasada, en el G20, se los presenté personal y directamente al primer ministro Modi en términos muy claros», aseguró Trudeau.
Canadá, además, expulsó al representante de la inteligencia de la India en la embajada ante Canadá.
Niijar era un activista pacífico partidario de la creación de un Estado sij independiente denominado Jalistán que abarcaría parte del territorio indio, principalmente el estado de Punjab. Sin embargo, el gobierno indio lo acusaba de instigar el terrorismo y de ser responsable de un atentado con bomba en Punjab en 2007.
Turquía
El caso más llamativo de asesinato de un disidente político en el extranjero por parte de agentes de un tercer país fue el del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Ankara.
Khashoggi, perteneciente a una influyente familia del reino saudí, vivía en el exiliado en el extranjero para evitar la larga mano del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.
El periodista había criticado con dureza el estilo despótico del gobierno de Bin Salmán, y el príncipe heredero reclamó su cabeza.
Khashoggi fue atraído a la embajada con la excusa de unos trámites que debía hacer para poder casarse. Allí fue drogado, ejecutado y descuartizado.
El asunto explotó de lleno a Bin Salmán ante la reacción de Turquía, que consideró el caso como una agresión contra el país y su soberanía.
Los servicios secretos turcos, que mantenían una estrecha vigilancia sobre la embajada, presentaron vídeos de Khashoggi accediendo a la embajada y audios del momento del asesinato grabados con micros secretos.
Las pruebas dejaron en evidencia a los saudíes: habían cometido un asesinato político en su embajada en Turquía.
Arabia Saudí se defendió con el argumento de que Khashoggi había muerto como resultado de una pelea dentro de la embajada, pero el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no dio su brazo a torcer: «No ha sido una actuación clandestina de un pequeño grupo descontrolado: ha sido un plan premeditado», defendió.
Reino Unido
Con el inicio de la guerra de Ucrania, Rusia retomó la vieja costumbre de los servicios secretos de la Unión Soviética de los asesinatos de disidentes en el extranjero. O, más bien, la incrementó, porque, en realidad, nunca abandonó esa práctica.
El asesinato de Litvinenko abrió una crisis entre Londres y Moscú en aquel momento. El gobierno no se quedó de brazos cruzados ante un asesinato en su territorio cometido por agentes extranjeros.
Reino Unido expulsó a varios diplomáticos rusos y reclamó la extradición del exagente secreto Andrei Lugovói, identificado por la Fiscalía británica como autor material del envenenamiento.
La crisis permaneció abierta durante años. En 2016 un juez británico apuntó directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, como responsable de la muerte de Litvinenko.
Sin embargo, Rusia reincidió con el envenenamiento con novichok del exespía Sergei Skripal y su hija en Salisbury.
El gobierno británico acusó directamente a Rusia de estar detrás del intento de asesinato. La reacción del gobierno británico fue muy contundente con la expulsión de 23 diplomáticos rusos relacionados con los servicios secretos del Kremlin.