Hong Kong aprueba una dura ley de seguridad en línea con las políticas de Pekín

Hong Kong se rinde poco a poco a la línea dura de Pekín y su Consejo Legislativo aprobó ayer un controvertido proyecto de ley de seguridad nacional, que entrará en vigor el próximo 23 de marzo con el visto bueno de sus 89 legisladores. Esta nueva norma endurece la penas por traición y sedición.

Los diputados han mostrado su apoyo a la nueva legislación por considerar que contribuirá a «salvaguardar» la seguridad en la región administrativa especial china y a «garantizar una atmósfera estable para los negocios e inversiones», mientras que el jefe de Gobierno de la región, John Lee, ha señalado durante un discurso que se trata de un texto histórico que completa a la legislación aprobada previamente desde la China continental.

Así, ha matizado que la ley entrará en vigor el sábado y ha defendido que sirve para «proteger» a la población de los «invasores». «Esta legislación es necesaria para protegernos y tener herramientas para hacer frente a las amenazas», ha sostenido antes de afirmar que «ya no hay que preocuparse de que la gente destruya la infraestructura pública» de la región.

La normativa, contenida en el llamado artículo 23 de la Ley Fundamental, ha suscitado preocupación en la Unión Europea y en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que han expresado su temor de que la nueva norma, sumada a la ley de seguridad nacional promulgada en Pekín, recorte aún más los derechos y libertades en Hong Kong.

Esta legislación se ha aprobado de forma acelerada en tan solo 11 días, el plazo más corto en el que se ha tramitado un proyecto de ley en la ciudad, a pesar de las voces críticas que han alertado de que puede conllevar grandes riesgos para las libertades civiles.

Sus críticos la consideran el último paso de una amplia represión política desencadenada por las protestas prodemocráticas de 2019.

En la nueva legislación figuran crímenes que pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse, así como la connivencia con fuerzas externas para dañar o debilitar infraestructuras públicas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.

Hong Kong inició el proceso de promulgación de esta legislación el 30 de enero con un periodo de consulta pública de cuatro semanas que generó más de 13.000 propuestas y un apoyo ciudadano del 98 %, según el Gobierno.

Desde que se presentó el proyecto de ley, el 8 de marzo, un comité ha celebró reuniones diarias tras el llamamiento del líder hongkonés para aprobarlo «a toda velocidad».

En el ámbito territorial, el artículo 23 ha sido recibido con poca oposición, aunque la organización prodemocrática «Liga de Socialdemócratas» ha expresado su preocupación por el posible impacto negativo que pueda tener en las garantías de libertades en la ciudad.

La última vez que se intentó aplicar el artículo 23 en Hong Kong en 2003, alrededor de medio millón de personas salieron a las calles en oposición a esta iniciativa y en defensa de los valores democráticos.