Solidaridad obligatoria y mayor control de fronteras, las claves del Pacto Migratorio aprobado en Bruselas
El acuerdo adoptado en el Parlamento Europeo ayer es un conjunto de diez instrumentos compuesto de 6 reglamentos, 3 recomendaciones y una directiva
El Pacto Europeo sobre Asilo y Migración aprobado ayer en el Parlamento Europeo busca reformar a fondo la política migratoria de Europa, que se vio seriamente cuestionada durante la crisis migratoria de 2015.
Desde entonces las solicitudes de asilo y las entradas ilegales a la Unión Europea han crecido exponencialmente. En 2023, las solicitudes de asilo alcanzaron el pico de 1,14 millones de solicitudes y ese mismo año se produjo el mayor aumento de entradas irregulares en la Unión Europea desde 2016.
El pacto migratorio alcanzado en Bruselas pretende reformar el controvertido Reglamento de Dublín, que ha sido foco de mucha tensión y críticas. Adoptado en 2013, este reglamento delegaba el examen de las solicitudes de asilo al primer país de la UE al que llegan los inmigrantes (España, Italia, Grecia, Malta, etc.) y, por tanto, concentraba gran parte de la presión migratoria en estos países.
La iniciativa de reforma fue presentado en 2020 por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen
El pacto aprobado ayer por el Parlamento Europeo, en realidad es el conjunto de diez nuevos instrumentos (seis reglamentos, tres recomendaciones y una directiva) destinados a lograr un equilibrio entre control fronterizo y solidaridad en la acogida de refugiados en suelo europeo que permitió acercar las posiciones de los diferentes grupos políticos.
El texto final contó con el apoyo de los tres principales bloques políticos europeos: el Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D) y Renew Europe (centristas y liberales).
Control de fronteras
La reforma propone un refuerzo en los controles de las fronteras externas de la Unión Europea estableciendo un procedimiento obligatorio para controlar a los inmigrantes que llegan a ellas, donde deberán ser registrados para determinar el procedimiento aplicable.
Así, los inmigrantes serán retenidos en centros especiales de acogida donde se aplicará controles de identidad, seguridad y salud, así como tomas de huellas dactilares mientras se determina su expediente en forma acelerada.
En un plazo de 5 días se decidirá si se admite a trámite sus casos de asilo o son rechazados y en este segundo caso devueltos a sus países de origen.
En paralelo, Bruselas buscará una cooperación más estrecha con los países de origen y tránsito (como los de los Balcanes) para limitar las llegadas de inmigrantes y combatir las redes de tráfico de personas.
La UE ya ha negociado acuerdos con países de origen como Mauritania, Túnez y Egipto en un intento de reducir el número de llegadas a las fronteras del bloque comunitario.
Solidaridad obligatoria
Simultáneamente, el acuerdo adoptado determina la implementación de un sistema obligatorio de solidaridad, como forma a ayudar a los países que reciben a muchos inmigrantes y demandantes de asilo, como España, Italia o Grecia.
Cada país tendría que contribuir al mecanismo de solidaridad, pero de forma flexible. Los países tendrían así varias opciones para contribuir: reubicaciones, contribuciones financieras u otras medidas de solidaridad (despliegue de personal o asistencia logística a otros países, etc.).
De esa forma, los estados del norte de de la Unión Europea deberán recibir en su territorio a solicitantes de asilo o tendrán que proporcionar apoyo financiero o técnico a los países bajo mayor presión migratoria.
Esta nueva normativa sobre migración y asilo no se aplicará hasta el año 2026 y para eso la Comisión Europea deberá presentar hasta el mes de junio un programa detallado de implementación.