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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una ceremonia en el Palacio presidencialEFE

La ruptura entre México y Ecuador certifica la defunción del tratado de libre comercio

La incursión en la sede mexicana ha sido la primera gran crisis diplomática que afronta el Ejecutivo de Noboa, que asumió en noviembre de 2023, por la repercusión bilateral e internacional que ha generado

La ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Ecuador a raíz del asalto a la Embajada mexicana en Quito, para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, da al traste con los esfuerzos de ambas naciones por ratificar un acuerdo de libre comercio, encallado desde 2022, con el que Ecuador aspiraba a ingresar en la Alianza del Pacífico como miembro de pleno derecho.

Aunque el intercambio entre ambas naciones es pequeño y deficitario para Ecuador, ya que México tuvo en 2023 un superávit de 368 millones de dólares en exportaciones, según datos de Banxico, el país andino había negociado denodadamente un acuerdo comercial que tenía algunos escollos, pero no eran insalvables.

Ecuador se encuentra formalmente en proceso de incorporación y debía haber ingresado en 2022 a la Alianza del Pacífico.

Se trata de una iniciativa regional conformada también por Chile, Colombia, Perú y Singapur, en la que la nación azteca jugaba un papel de puerta de acceso, puesto que Quito ya tenía acuerdos económicos con las tres primeras.

Por ello, la «venia» de México se tornaba crucial para ingresar en un club comercial que cuenta con más de 60 países observadores y es considerado el octavo espacio económico a nivel mundial.

México y Ecuador habían intentado en los últimos años fortalecer su relación comercial pese a que los gobiernos tuvieran líneas ideológicas totalmente opuestas.

Andrés Manuel López Obrador comenzó a negociar formalmente el acuerdo con el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso (2021-2023), pero el proceso quedó estancado por la negativa mexicana a incluir al camarón y el banano, dos de los principales productos de la conocida oferta exportadora de Quito.

Suspensión de relaciones

Con la suspensión de relaciones económicas, si bien en el plano bilateral los exportadores privados verán la forma de seguir adelante con su negocio, a nivel regional la decisión certifica que, en el actual estado de cosas y gobiernos, Ecuador tendrá que renunciar, por ahora, a sus aspiraciones comerciales con México y la Alianza.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, no lo pudo dejar más claro el jueves: «Nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido».

Por su parte, la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Sonsoles García, manifestó al medio ecuatoriano Expreso, que «no hay problemas comerciales con México y todo el intercambio comercial continúa con normalidad».

Y en la misma línea se han expresado federaciones de exportadores ecuatorianos mientras los empresarios confían en que no se produzcan repercusiones significativas.

Betty Silva, docente de Economía en la Universidad de Guayaquil, destaca la relación histórica con México y cree que el impacto «no será tan grande» debido a que se adelantan negociaciones entre agentes privados: «Son relaciones que ya se han mantenido en el tiempo».

Considera que el interés por el acuerdo comercial tenía como principal objetivo la inclusión en la Alianza. «Lo que se buscaba con México era contar con su apoyo para incluirnos en la Alianza del Pacífico, pero no se tuvo y quedó básicamente paralizado».

La economista destaca, por otra parte, el aspecto político como causante de la falta de consenso en materia comercial. «Teniendo en cuenta la ideología de los dirigentes políticos era obvio que el Gobierno anterior (Lasso) no lograría esos acuerdos ni el respaldo de México».

Y advierte que la imagen que se está dando al mundo «de un manejo no adecuado de la política exterior» por parte del Gobierno de Daniel Noboa, puede tener consecuencias en las inversiones y la confianza que genera el país a tenor que se muestra como «socio que incumple las normas internacionales», en relación con la irrupción en la Embajada mexicana.

Impacto económico

El Banco Mundial ve probable que la crisis diplomática abierta entre ambos países pueda tener un impacto económico en el corto plazo, pero considera aún más preocupante la incertidumbre que provoca en el entorno, y ha exhortado a ambas partes a restablecer las relaciones.

La Inversión Directa Extranjera (IED) de Ecuador a México el año pasado fue de 5,4 millones de dólares, lo que supuso una reducción del 69,6 % en relación con el año 2022. Las exportaciones ecuatorianas apenas representaron el 0,1 %.

Para el periodista e internacionalista mexicano Hugo Vela, analizó para El Debate que «la relación comercial de facto no va a terminar», pese a la interrupción de relaciones bilaterales.

Lo explica el hecho de que haya más de 30 empresas mexicanas operando en Ecuador que buscarán la manera de sortear trámites burocráticos como, por ejemplo, la obtención de visas y certificados de origen para poder continuar su labor.

«El problema más importante que veo es el impás para que Ecuador pueda ingresar con un tratado de libre comercio con México y no podrán concretarlo en el corto y probablemente largo plazo», valora.

El principal obstáculo a la consecución de ese acuerdo giró en torno al banano, aunque se estuvo cerca de llegar a alguna condición para que incluso Ecuador pagara aranceles por la exportación de ese producto, según el especialista.

«El trasfondo de todo es plenamente político. Son dos gobiernos que se contraponen ideológicamente. AMLO (iniciales de Andrés Manuel López Obrador) trata de ser visto como el líder de la izquierda de América Latina y Daniel Noboa está buscando legitimarse dentro de su propio país como líder poderoso», matiza.

¿Intereses electoralistas?

La incursión en la sede mexicana ha sido la primera gran crisis diplomática que afronta el Ejecutivo de Noboa, que asumió en noviembre de 2023, por la repercusión bilateral e internacional que ha generado.

Se añade a la delicada situación de seguridad en un país azuzado por índices de criminalidad vinculada al narcotráfico que lo sitúan entre los primeros del continente por homicidios.

El plebiscito, que consiste en 11 preguntas se ha interpretado como un barómetro del apoyo popular a un Gobierno cortoplacista, por el tiempo que le resta de mandato hasta febrero de 2025 o antes.

Entre las preguntas que se plantean figuran enmiendas a la Constitución ecuatoriana, que abarcan desde la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía para combatir el crimen organizado hasta la autorización a la extradición de ecuatorianos.

Tanto esta votación como el asalto a la Embajada de México en Quito son analizados en clave electoralista.

«Podemos ver cómo estas decisiones responden a eventos nacionales como la consulta popular y se lee como una postura propia de un Gobierno cuyas intenciones son la reelección», asegura Silva.

Los mexicanos también acudirán a las urnas el próximo 2 de junio para elegir presidente, principalmente entre dos mujeres, según todos los sondeos. Conforme a la Carta Magna mexicana, López Obrador, no se presenta y apoya a su correligionaria, Claudia Sheinbaum. Esta se medirá con Xóchitl Gálvez, muy crítica con el actual presidente.

«Si llegara a perder la opción de López Obrador, y ganara la alianza opositora de partidos de centro derecha, este tipo de acuerdos y asilos políticos que se han estado otorgando a líderes de la izquierda, definitivamente, se van a frenar», augura Vela.

México ha amparado y otorgando el exilio a destacadas figuras del correísmo, en algunos casos, para evitar enfrentarse a la justicia ecuatoriana.

López Obrador ha hecho lo propio con «figuras de índole de izquierda en América Latina», como la familia del expresidente peruano Pedro Castillo a la que concedió asilo, pero fue detenido por las autoridades peruanas.

El internacionalista recuerda la fuerte tradición mexicana, enmarcada en su Constitución, que consagra el principio de no intervención y considera que un nuevo liderazgo, «permitiría a cada país resolver sus asuntos sin que México tuviera alguna injerencia o influencia al respecto».