El Supremo de EE.UU. está dividido sobre el caso que podría eximir a los asaltantes del Congreso y al propio Trump

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se mostraron divididos acerca de la aplicación a un participante en el asalto al Congreso en 2021 de una ley cuya interpretación podría afectar a uno de los juicios que asedian al ex presidente Donald Trump.

En la audiencia de argumentos, los jueces de tendencia progresistas, en minoría, apoyaron la posición del Departamento de Justicia según la cual el acusado, Jospeh Fischer, estuvo involucrado en un intento por interrumpir la formalización de la victoria electoral del candidato demócrata Joe Biden.

Fischer, un expolicía de Pensilvania, es uno de los más de 300 individuos acusados por el Gobierno por la obstrucción del proceso oficial, junto con otros delitos, cuando una multitud irrumpió violentamente en el Capitolio e interrumpió, temporalmente, la certificación del escrutinio de los comicios de noviembre de 2020.

Los magistrados más conservadores expresaron dudas acerca de si para este caso se puede recurrir a una ley de 2002 que penaliza la destrucción o adulteración de evidencias y la obstrucción de procedimientos oficiales.

El Departamento de Justicia, que alega que la presencia no autorizada de Fischer dentro del edificio del Capitolio impidió la certificación del resultado electoral, ha obtenido condenas o admisiones de culpa para más de 150 participantes de la asonada.

El procurador especial Jack Smith, quien lleva a cabo la investigación de la responsabilidad de Trump en la asonada, ha incluido la obstrucción de un procedimiento oficial también entre los cuatro cargos que pesan sobre el ahora virtual candidato presidencial republicano Donald Trump.

Fischer alega que la interpretación que el gobierno hace de la ley es demasiado amplia y sin precedentes y sostiene que la cláusula acerca de la obstrucción de un trámite oficial debe aplicarse sólo a la destrucción o adulteración de pruebas en casos de delitos financieros a los que se refería originalmente la ley.

Esa legislación, conocida como Ley Sarbanes-Oxley y promulgada en 2002, fue la respuesta al escándalo financiero y contable de la empresa de energía Enron cuyos ejecutivos fueron acusados de fraude. La firma terminó en la bancarrota.

Hasta ahora 14 de los 15 jueces federales en el Distrito de Columbia que han ponderado casos que involucran a participantes en el asalto, acusados por obstrucción de un trámite oficial, han permitido la aplicación de esa legislación.

La fiscalía ha indicado que antes del ataque al Capitolio, Fischer había enviado mensajes digitales en los cuales dijo a sus conocidos que los miembros del Congreso «no pueden votar si no respiran», y que quizá necesitaría que su jefe de policía «pagara la fianza porque puede haber violencia».

Asimismo la Fiscalía sostiene que Fischer incitó a otros asaltantes para que «cargaran y sostuvieran la línea», y que fue parte de la muchedumbre que empujó a la policía del Capitolio.

Fischer alega que él llegó al Capitolio después de que la sesión conjunta del Congreso, que debía certificar el escrutinio electoral, había ido en receso, y que estuvo adentro del edificio sólo por unos minutos.