La Justicia portuguesa no ve indicios de tráfico de influencias en el caso que hizo dimitir a Costa

El Tribunal de Apelación de Lisboa no apreció indicios de tráfico de influencias en la 'Operación Influencer', el caso judicial que llevó a dimitir al exprimer ministro portugués António Costa, y rechazó el recurso presentado por la Fiscalía a las medidas cautelares aplicadas a los sospechosos. También ha descartado la solicitud de prisión preventiva contra Vítor Escaria, jefe de gabinete del exprimer ministro, y el consultor Lacerda Machado.

Los hechos averiguados «no son, por sí solos, integradores de ningún tipo de delito», lo que significa que no ha apreciado indicios de un crimen de tráfico de influencias, según un comunicado del Tribunal citado este miércoles por medios locales.

Asimismo, los jueces del Tribunal de Apelaciones de Lisboa han señalado en su fallo que es «incorrecto» tratar «los asuntos del Estado en las mesas de los restaurantes», en alusión a las escuchas, según ha recogido el diario portugués 'Público'.

Con esta decisión, los jueces han anulado la fianza de 150.000 euros que el juez de instrucción había impuesto a Machado, así como la prohibición de viajar en su contra. Escaria también podrá recuperar su pasaporte.

Los jueces consideraron que «ninguno de los hechos adelantados se tradujeron en la comisión de delitos y no se superó el desarrollo de las funciones de cada uno de los intervinientes, ya que todos ellos actuaron en el ámbito de las mismas».

La 'Operación Influencer' saltó en noviembre de 2023 y gira en torno a irregularidades en proyectos de litio y de hidrógeno y en la construcción de un centro de datos. Desde el momento que se dispararon las sospechas sobre Costa, el exprimer ministro decidió presentar su dimisión.

«La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad, por eso, obviamente, he presentado mi dimisión», declaró entonces el socialista. Una postura que dista mucho de la adoptada en España por el PSOE ante los múltiples casos de corrupción que acumula a sus espaldas.

La Fiscalía de Portugal informó, en noviembre del pasado año, de que varios sospechosos hablaron de la implicación de Costa en el caso por «desbloquear procedimientos» y que dichas alegaciones serían analizadas en una investigación autónoma.

Desde la renuncia del primer ministro, la fiscal general del país, Lucília Gago, y el órgano que lidera han sido objeto de críticas por no haber dado más explicaciones sobre la presunta implicación de Costa en esas irregularidades y no haber hecho públicas pruebas contra él.

A raíz de la dimisión de Costa se convocaron elecciones legislativas en Portugal el pasado 10 de marzo, que se saldaron con la llegada al poder de un Gobierno de centroderecha encabezado por Luís Montenegro.

A principios de este mes, tras ceder el testigo al nuevo Gobierno, Costa declaró a la prensa que, tras haber dejado el cargo, había solicitado a su abogado que mandara una petición para ser escuchado ante la Justicia.