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El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak

Reino Unido saca adelante su polémico plan de deportaciones a Ruanda tras la luz verde del Parlamento

La legislación despeja el camino para que los vuelos con las deportaciones al país africano empiecen a despegar en 10 a 12 semanas

El Gobierno británico de Rishi Sunak y tras meses de peleas ha conseguido sacar adelante su controvertido plan para enviar a Ruanda a inmigrantes en situación irregular, después de que el Parlamento diera luz verde a la ley en una sesión maratoniana.

El primer ministro británico y su partido conservador habían presionado para que se adoptara el texto que obligará a los jueces a considerar a la nación del este de África como un país seguro para los inmigrantes expulsados.

También otorgará a las autoridades encargadas de decidir sobre las solicitudes de asilo la potestad de ignorar secciones del derecho humanitario internacional y británico y esquivar una decisión del Tribunal Superior de Justicia que tachó de ilegal el proyecto.

La legislación, pieza central del programa del Gobierno conservador, despeja el camino para que los vuelos con las deportaciones a Ruanda empiecen a despegar en 10 a 12 semanas, según cálculos de las autoridades británicas.

El objetivo de la ley es considerar a Ruanda un país seguro para enviar a los inmigrantes que han cruzado de manera ilegal en pateras el Canal de la Mancha, que separa Francia de Inglaterra.

El denominado Proyecto de Ley sobre la Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) superó el trámite parlamentario después de meses de tira y afloja entre las dos cámaras –baja y alta–, ya que los lores hicieron numerosas enmiendas que después los diputados tumbaron.

Cuando se produce este tipo de desacuerdos entre comunes y lores –lo que en la jerga parlamentaria se denomina 'pin pon'– es la voluntad de la cámara baja la que prevalece porque es la elegida por los británicos en las urnas.

El lunes, Sunak dio un ultimátum a los lores para que aceptasen la legislación y les había avisado que el Parlamento continuaría toda la noche, sin importar la hora, hasta que fuese aprobada.

Con esta ley, Sunak busca que actúe como herramienta disuasoria a fin de que los inmigrantes no hagan los cruces peligrosos por aguas del canal y se rompa el lucrativo negocio de las bandas criminales que cobran a personas desesperadas por llegar a Inglaterra.

A toda costa

Horas antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario, el dirigente conservador había anunciado que su plan se iba a aplicar «pase lo que pase».

«Despegarán, pase lo que pase», aseveró Sunak, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades ante las elecciones legislativas británicas este año.

La Oficina de Auditoría Nacional, un organismo de control del gasto público, estimó que costará unos 540 millones de libras (unos 665 millones de dólares) deportar a los primeros 300 migrantes.

Este plan de deportaciones a Ruanda se ha enfrentado a numerosos desafíos legales desde su presentación en 2022.

Ese año, los primeros expulsados fueron sacados de un avión a última hora a raíz de una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, ningún inmigrante ha sido enviado allí.

El proyecto, que todavía puede ser objeto de nuevos recursos legales, ha sido fuertemente criticado por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, la Iglesia anglicana o la ONU.

Su alto comisionado para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, afirmó que va «contra los principios fundamentales de los derechos humanos».

Expertos de la ONU han sugerido que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían ser «cómplices» de violar los derechos humanos internacionalmente protegidos si participan en los vuelos de expulsión de inmigrantes.

Con 13 millones de habitantes, Ruanda afirma ser uno de los países más estables de África. Pero grupos de derechos humanos acusan al presidente Paul Kagame de gobernar en un clima de miedo y de reprimir la disidencia y la libertad de expresión.

Más de 120.000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en embarcaciones rudimentarias desde 2018, cuando el Gobierno comenzó a contabilizar el número de inmigrantes irregulares llegados por esta vía.

Sunak confía en que esta política de «frenar los barcos» disuada a los inmigrantes e impulsa electoralmente a su partido conservador, en clara desventaja frente a los laboristas tras catorce años en el poder.

Las elecciones deben celebrarse antes de finales de enero de 2025, pero Sunak afirmó que tendrían lugar en 2024 en una fecha todavía no anunciada.

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