Escocia se convierte en el nuevo paraíso 'woke' por obra y gracia del nacionalismo

Lo publicó The Daily Telegraph el pasado 17 de abril: las escuelas primarias escocesas nombran a niños «campeones del colectivo LGBT» y les instan a preguntar a los alumnos de cuatro años si son gays, lesbianas o transexuales. El diario de centro-derecha refiere a documentos que muestran que las escuelas están creando clubes LGBT y «grupos de alianza de género y orientación sexual» para los alumnos como parte de su pertenencia a un plan dirigido por la organización benéfica LGBT Youth Scotland.

Esta entidad ha recibido, entre 2022 y 2023, casi un millón de libras (1.160.000 euros al cambio actual) por parte del erario: 450.000 proceden del Gobierno regional –presidido por el nacionalista Humza Yousaf–, 340.000 de municipios y demás entidades locales, y alrededor de 154.000 de la red de hospitales públicos. Una ingente cantidad de dinero que ha utilizado, entre otras cosas, para conseguir que unas 200 escuelas secundarias y unas 40 primarias en toda Escocia hayan firmado su Carta LGBT para la Educación.

Este documento, siempre según The Daily Telegraph, incita a las escuelas, institutos y universidades a «incluir de forma proactiva a las personas LGBTQ+ en todos los aspectos de su trabajo». Y en su reglamento interno, se indica que «cada centro» que se adhiera al plan deberá nombrar al menos a dos alumnos y dos miembros del personal como «defensores del colectivo LGBT», y los que aspiren a obtener la categoría «oro» deberán realizar una encuesta entre los alumnos para preguntarles si «forman parte de la comunidad LGBT, con el fin de discernir si el acoso afecta proporcionalmente a estos alumnos en el centro».

Un caso típico de firme adoctrinamiento homosexualista que se ha convertido en moneda corriente en Escocia desde que, en 2007, está ininterrumpidamente gobernada por el Partido Nacional Escocés (Snp). La tendencia se ha acentuado durante las etapas de los ministros principales Nicola Sturgeon, entre 2014 y 2023, y Humza Yousaf, desde hace un año. Bien es cierto que el wokismo se ha extendido como una reguera de pólvora por todo Reino Unido, pero no lo es menos que Escocia se lleva la palma.

Por ejemplo, a diferencia de Gales e Irlanda del Norte –las dos otras regiones del Reino Unido que cuentan con instituciones propias–, en el histórico territorio situado al norte del Muro de Adriano han llevado su compromiso woke hasta el extremo de establecer un ranking de las universidades más comprometidas con la causa. Fue publicado en enero de 2023, llevaba por título –nada engañoso, dicho sea de paso– Guía Universitaria Progresista Radical, y lo encabezó la Universidad de Glasgow.

Entre los criterios de evaluación figuraban la medición de «hasta qué punto las universidades están utilizando 'advertencias desencadenantes' en los materiales de los cursos y en los libros, así como de qué manera respaldaban el concepto de 'privilegio blanco' y las regulaciones sobre el discurso socialmente aceptable cuando se trata de la transexualidad». Asimismo, también se evaluó «en qué medida en [las distintas universidades] ofrecen formación u orientación 'antirracista' al personal y los estudiantes».

Semejante iniciativa, aunque no gubernamental, hubiera resultado imposible sin un marco político y legislativo favorable, cuya última vuelta de tuercas fue la entrada en vigor, en todo el territorio escocés, de la Ley del Delito de Odio, que contempla penas de hasta siete años de cárcel para quienes incumplan sus disposiciones. Una de las novedades, como su nombre lo indica, es el delito de «incitación al odio», que tipifica como punible la comunicación o el comportamiento que «una persona razonable consideraría amenazador, abusivo o insultante». Es decir, que se vislumbran amenazas a la libertad de expresión.

Así lo ha entendido la mundialmente famosa J.K. Rowling, residente desde hace años en Escocia. La autora de las novelas de Harry Potter, que mantiene desde hace tiempo una postura crítica en relación con las leyes que fomentan el transexualismo y las derivas de los grupos LGBT, se ha erigido en la mayor crítica de la senda emprendida por los Gobiernos de Sturgeon y Yusaf, dispuesta a enfrentar las consecuencias penales de la nueva ley. En las últimas semanas, ha redoblado su activismo en las redes sociales, señalando que el Parlamento de Edimburgo, a través de esta nueva pieza legislativa, «valora más los sentimientos de los hombres que interpretan su idea de feminidad, aunque sea de forma misógina u oportunista, que los derechos y libertades de las mujeres y niñas reales».

Y es solo una de las críticas emitidas hacia una ley que manipula al equiparar, entre las categorías protegidas penalmente, la discapacidad, la religión con la orientación sexual y la identidad transexual. Se omitió el odio racial porque ya está contemplado en una ley de 1986. La nueva ley tampoco incluye a las mujeres entre los grupos protegidos: oficialmente porque un grupo consultivo nombrado por el Gobierno escocés ha recomendado que la misoginia se aborde en una legislación distinta. A Yusaf parece importarle que una de las causas de la dimisión de Sturgeon fueran los excesos de su Ley de Reconocimiento de Género.