La reforma legislativa de MORENA pondrá a los jueces mexicanos al alcance del crimen organizado

Todavía no le entregan la constancia de mayoría como presidente electa a Claudia Sheinbaum y los mercados financieros (así como la paridad peso-dólar) ya han reaccionado negativamente ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador (con el apoyo de su sucesora) relativo a importantes reformas constitucionales que realizarán en septiembre próximo, en cuanto inicie el nuevo periodo legislativo en el cual su partido -MORENA- tiene ahora mayoría calificada.

Ante la caída en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el alza en la cotización del dólar, Sheinbaum Pardo pidió «calma y confianza a los inversionistas», adelantando la permanencia en el cargo del actual Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, anuncio que a los mercados financieros poco o nada significó.

Son diversas las reformas constitucionales que pretende el presidente López Obrador antes de que concluya su mandato, el próximo 1 de octubre. Entre ellas destacan las que buscan desaparecer algunos organismos autónomos como el INAI, que es el órgano encargado de vigilar la transparencia gubernamental en México. Es de entenderse que a los inversionistas nacionales y globales quieran que se preserven esa tareas de transparencia, toda vez que implican el mecanismo de contraste para verificar la acción de gobierno y el gasto público, entre muchas importantes materias.

Reacción negativa de los inversionistas

La reforma constitucional más trascendente es la del Poder Judicial, por medio de la cual AMLO y Claudia Sheinbaum buscan la renovación absoluta de ese poder, lo cual ha sido evaluado agriamente por la oposición como una intención del gobierno de crear tribunales «a modo».

López Obrador ha acusado incansablemente durante todo su mandato (sin presentar prueba alguna) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de estar plagada de corrupción. La Corte ha resistido los falaces embates discursivos presidenciales, siendo que la presidenta de la SCJN Norma Piña ha señalado en reiteradas ocasiones la importancia de cuidar y preservar la necesaria separación y respeto entre poderes.

Hay que recordar que en democracia, el único de los tres poderes que mantiene una permanencia (independientemente de las alternancias) es el Poder Judicial, a fin de que éste sea un aval constante y políticamente neutro en la aplicación de la justicia. Eso es lo deseable.

La iniciativa legislativa de MORENA propone que los Ministros, Magistrados y Jueces puedan ser elegidos directamente por el voto popular. La reacción negativa de los mercados financieros ha propiciado que Claudia Sheinbaum anunciara una demagógica «consulta pública» a fin de «conocer la opinión de los ciudadanos sobre el actuar de jueces, juezas y magistrados».

Al margen de esa intención de AMLO y de Sheinbaum por minimizar esta querella de los mercados nacionales y globales, queda claro que éstos ven riesgoso que el gobierno federal mexicano pretenda crear un Poder Judicial incondicional y supeditado al Poder Ejecutivo, porque estarían en estado de indefensión jurídica frente a arbitrariedades gubernamentales o frente a conflictos entre particulares.

Además de lo anterior, es comprensible la inconformidad de los inversionistas, toda vez que los múltiples tratados comerciales que México tiene suscritos (como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá T-MEC o el que México tiene con la Unión Europea) prevén las condiciones jurídicas necesarias para la solución de controversias.

Ahora bien, como si la demagógica propuesta legislativa de AMLO y Sheinbaum no fuera suficientemente riesgosa en materia económica y delicada en términos de independencia judicial, existe un riesgo adicional digno de tomarse en cuenta en un país con las características de México: poner la configuración del futuro Poder Judicial al alcance de las multimillonarias y violentas mafias del crimen organizado es una barbaridad mayúscula.

Al respecto, resulta fundamental subrayar que para dichas mafias (en alianza o al margen del gobierno) resultaría sumamente apetitoso tener la posibilidad de influir directa o indirectamente en la selección de los responsables de aplicar la justicia. Esas peligrosas agrupaciones criminales tienen incentivos para hacerlo y recursos con qué hacerlo. Sería un riesgo imperdonable para una nación como México.