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Edmundo González muestra su voto el 28 de julio en Caracas (Venezuela)

Edmundo González muestra su voto el 28 de julio en Caracas (Venezuela)AFP

Venezuela

Edmundo González no acude a la llamada de la Fiscalía venezolana y Maduro le cita el martes

El candidato presidencial y legítimo vencedor de las elecciones del pasado 28 de julio, está acusado de los delitos de «asociación para delinquir» y le señalan por «desobediencia a las autoridades por presentar las actas de votación»

Através de un comunicado firmado por Josep Borrell, como jefe de su diplomacia, la Unión Europea (UE) ha expresado sentirse «extremadamente preocupada» por la crisis política en Venezuela. La oposición, con Edmundo González como candidato presidencial y ganador moral y tácito, rechaza el resultado otorgado por el Gobierno de Nicolás Maduro sobre las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio.

No es para menos la preocupación que ha mostrado la casi totalidad de la escena política internacional que está regida por democracias. Recordemos el comunicado de la UE, Estados Unidos y la mayoría de los Estados hispanoamericanos, incluidos Argentina y Chile, que se oponen a la autoproclamación de Maduro como presidente de Venezuela hasta 2031.

Un paso más, para mantener a Maduro en el poder, ha supuesto la citación a Edmundo González para declarar este lunes ante la Fiscalía, a través del Ministerio Público, como parte de un interrogatorio que se enmarca en una investigación criminal. La cabeza visible de la oposición no se ha presentado a la primera llamada judicial por si se cumplía un posible arresto carcelario.

«Citado por segunda vez Edmundo González para que asista este martes al Ministerio Público», escribió el fiscal Tarek William Saab. El exdiplomático es investigado por la presunta comisión de delitos como «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público».

Edmundo González se presentó como candidato, con el apoyo indispensable de María Corina Machado (MCM). Ambos consiguieron reunir el 80 % de las actas de votación que le otorgaban, como ganador, con cuatro millones de votos de diferencia respecto al dictador.

El que debería ser el presidente de Venezuela se encuentra escondido en una lógica clandestinidad desde el 30 de julio, por miedo a las represalias del régimen chavista. Reunido y rodeado de su familia, está en contacto con su equipo y sus amigos de confianza, a quienes consulta permanentemente. Victorioso en lo político, pero amenazado por la violencia del oficialismo.

Sobre González pesa una investigación penal tras denunciar un fraude en la elección presidencial. Los fiscales, compenetrados con el poder, han citado al político para el lunes y al no acudir han trasladado al martes el llamamiento judicial.

El exembajador será interrogado como parte de una investigación criminal acusado de «usurpación de funciones, forjamiento [falsificación] de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delito informático, asociación para delinquir y conspiración».

Caryslia Rodríguez, la presidenta de la Corte Suprema afín al dictador, le acusa de «desacato» por faltar a un supuesto gobierno superior que lo rige todo. Por su parte, Tarek William Saab, como fiscal general, le señala por su «desobediencia a las autoridades».

González afirma que esta supone una citación «carente de las garantías de independencia y del debido proceso». Según las palabras del ganador del 28-J por el 67 % de los votos frente al 30 % de Maduro, tal y como expuso en su página web, el Ministerio Público le reclama sin precisar en qué condiciones se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos.

Todo esto ha ocurrido en la misma jornada en la que Juan Carlos Del Pino, uno de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) –organismo dirigido por Nicolás Maduro –, ha asegurado que se produjeron «incumplimientos» y que faltó transparencia en el proceso de recuento de las elecciones, calificando como un grave error que la oposición fuera expulsada del conteo.

La reclamación del PP sobre González

El Partido Popular (PP), como el partido mayoritario de la oposición española, se ha manifestado a través de su portavoz, Borja Sémper. El político asegura que el Gobierno de Sánchez guarda una «calculada y vergonzosa equidistancia» respecto a la crisis política abierta en Venezuela.

A parte de denunciar el fraude venezolano, le pide a las autoridades políticas de nuestro país que reconozcan la victoria de Edmundo González. Una iniciativa que esperan trasladar al Congreso de los Diputados.

Sémper sostiene que si Alberto Núñez Feijóo fuera presidente reconocería la presidencia de Edmundo González.

El CNE sigue respaldando a Maduro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó este lunes de que acatará la decisión «inequívoca» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este organismo, controlado por la autocracia, vuelve a respaldar la controvertida reelección de Nicolás Maduro, tal y como informa EFE.

En un comunicado, el CNE indicó que «acata la decisión y cumplirá con lo ordenado por la Sala Electoral» del TSJ. Pretenden que el próximo paso sea publicar en su Gaceta el resultado tergiversado de los comicios.

El tribunal, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó la victoria de Maduro a través de un peritaje judicial del que se desconocen detalles y en el que no fueron invitados a participar representantes de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que denunció el fraude.

La PUD pidió al CNE, igual que buena parte de la comunidad internacional, que publique los resultados desagregados de los comicios, como estaba previsto en el cronograma.

El TSJ dijo haber recibido, de parte del CNE, todas las actas que confirman la victoria de Maduro y decidió mantener este material «en resguardo», pese a que la normativa y tradición indican que se deben publicar los resultados de la elección de cada centro de votación.

La PUD y varios países han rechazado la revisión judicial del resultado electoral, al considerar que el TSJ está controlado por jueces nombrados por el oficialismo. Por lo que favorecen al chavismo, pese a que Maduro lo calificó de imparcial.

Lo que sí han solicitado es la divulgación de los resultados desagregados o una verificación internacional e independiente de las actas de votación.

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