Imagen de archivo del incendio de la Torre Grenfell de Londres, en 2017
El informe sobre el incendio de la Torre Grenfell de Londres culpa al Gobierno y a la «falta de honestidad» empresarial
La Policía británica ha anunciado que examinará su contenido en los próximos 18 meses para determinar si se cometieron delitos que puedan llevarse ante la Justicia
El informe final sobre el incendio que mató a 72 personas en la Torre Grenfell de Londres en 2017 pone de manifiesto una larga lista de factores que contribuyeron al incendio más grave en la historia reciente de Reino Unido. Las conclusiones, hechas públicas siete años después, apuntan a «la culminación de décadas de fracaso» del Gobierno y las empresas en valorar el impacto de los materiales combustibles en la construcción, indicó este miércoles el informe final sobre el suceso.
El responsable de la investigación, el antiguo juez Martin Moore-Bick, ha explicado, este miércoles, que todas las muertes eran «evitables» y ha aludido a una concatenación de fallos, un «camino hacia el desastre» en el que, aunque no todas las partes tienen la misma responsabilidad, sí hay muchos actores implicados de manera directa o indirecta en el incendio que arrasó el edificio de 24 plantas.
El magistrado, que escuchó unos 1.600 testimonios en más de 300 audiencias donde se analizaron 320.000 documentos, denunció que había en ese momento una «manipulación deliberada y sostenida» de los controles contra incendios, con mala interpretación de los datos y engaños en el mercado. En este sentido reprochó a los sucesivos Gobiernos británicos que permitieran la construcción de inmuebles sin garantías suficientes de seguridad y a las empresas que, con una «falta de honestidad sistemática», ocultaron los riesgos del revestimiento de la fachada, clave para la rápida extensión de las llamas.
«Llegamos a la conclusión de que el incendio de la Torre Grenfell fue la culminación de décadas de fracaso por parte del Gobierno central y otras entidades responsables en el sector de la construcción a la hora de examinar el peligro de incorporar materiales combustibles en las paredes externas de edificios residenciales de gran altura y de actuar» para prevenir riesgos, afirmó el investigador.
El antiguo juez sostuvo en una declaración pública que las autoridades y el sector de la construcción «fallaron gravemente» a los residentes de ese edificio de apartamentos ubicado en el oeste de Londres –hoy cubierto para ocultar su esqueleto calcinado–, que posibilitaron el incendio con su «incompetencia, deshonestidad y avaricia».
Tras conocerse las conclusiones, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, afirmó que el documento identifica «errores sustanciales y extendidos» en varios aspectos y dijo que el Gobierno analizará las recomendaciones para «asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir».
Así las cosas, la Policía británica ha anunciado que examinará su contenido en los próximos 18 meses para determinar si se cometieron delitos que puedan llevarse ante la Justicia, mientras que las víctimas y sus familiares piden castigar a los responsables. Aún así, tanto las Policía, como la Fiscalía ya adelantó el pasado mes de mayo que no esperaban iniciar los procesamientos hasta finales de 2026, dada «la magnitud y la complejidad» de las investigaciones. Este calendario implica que un hipotético juicio no llegaría hasta 2027, una década después del incendio,