López Obrador sume a México en el caos tras la mafiosa aprobación de su Reforma Judicial

El Senado de la República aprobó la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Para lograr la mayoría que requería el proceso legislativo, el Gobierno de AMLO recurrió a todo tipo de triquiñuelas mafiosas para que diversos senadores de otras opciones políticas se sumaran a la votación en favor de la propuesta de Morena, el partido en el poder.

Lo más destacado de esa estrategia gubernamental fueron las amenazas a Miguel Ángel Yunes Márquez (exalcalde de Boca del Río y senador plurinominal) y a su suplente Miguel Ángel Yunes Linares (exgobernador de Veracruz). Trascendió que tanto el hijo como el padre recibieron sendas advertencias del gobierno federal, en el sentido de votar a favor de la reforma judicial de AMLO o, de lo contrario, se procedería a girar órdenes de aprensión e iniciación de juicios en su contra por diversos delitos graves de orden patrimonial. El hijo había solicitado licencia para ausentarse del cargo y el padre, en su calidad de suplente, le sustituyó temporalmente. El Hijo regresó a su curul y finalmente, la iniciativa fue aprobada con 86 votos de legisladores de Morena y partidos aliados, más el voto del senador panista Yunes Márquez.

Lo anterior incrementó el escándalo permanente que se vivía en torno al debate parlamentario. Las protestas callejeras han sido reprimidas. Las acusaciones de «Traición a la Patria» fueron un grito unificado por la oposición y por el Partido Acción Nacional, del cual los Yunes eran miembros.

La estrategia le funcionó al régimen de López Obrador y lograron la aprobación en el Senado de la República. Falta la ratificación que se requiere, dado que el artículo 135 de la Constitución, establece que para que una reforma constitucional pueda ser aprobada, la mayoría simple de los congresos locales deben ratificar los cambios previamente avalados por el Congreso de la Unión. En este sentido, se requiere la aprobación de 17 de los 32 Congresos locales, lo que será sumamente fácil lograrlo para el régimen de López Obrador.

A partir de su publicación en el Diario Oficial, el Instituto Nacional Electoral deberá iniciar los preparativos para los comicios en los que se elegirán por voto popular a ministros, magistrados y jueces. Las elecciones se llevarían a cabo de forma escalonada en dos partes: en 2025 se elegirían a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Se elegirán en total a más de 1.600 cargos del Poder Judicial, lo que muestra la complejidad del proceso electoral.

El país vivió este debate parlamentario con toda una gama de expresiones políticas, sociales y mediáticas que retratan a México como un país enfrentado en lo social y lo político; con un gobierno que ha desaparecido la división de poderes y con previsibles efectos negativos en su relación con el exterior, principalmente con los Estados Unidos y Canadá, los cuales ya han advertido que el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre las tres naciones está en riesgo, al verse comprometidas las condiciones jurídicas en que fue suscrito ese Tratado.

En estos momentos, la relación de México con los EE. UU. pasa por un muy mal momento. A López Obrador poco le importa, dado que opta por el discurso demagógico de la «soberanía nacional» para pretender obtener aplausos afines al Foro de São Paulo.

Se suma a todo lo anterior, una criminalidad que ha dejado un saldo de 197.000 homicidios dolosos en los últimos seis años (uno cada quince minutos). Esas organizaciones criminales —que ya ejercen controles férreos en diversas regiones del país— podrían estar ampliamente interesadas en imponer a sus candidatos a ministros, magistrados y jueces a fin de garantizarse toda clase de impunidades.

Queda claro que López Obrador deja al país en una situación sumamente tensa y compleja, dispuesto a seguir gobernando tras bambalinas (controlando a Claudia Sheinbaum, que debe todo a su mentor) y, sobre todo, ante riesgos que pudieran presentarse de producirse señalamientos o acusaciones en su contra, por parte de tribunales norteamericanos por declaraciones testimoniales que Ismael «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López (hijo de «El Chapo» Guzmán) pudieran realizar ante los tribunales estadounidenses sobre posibles actos de corrupción que impliquen (directa o indirectamente) al presidente de México o a su círculo cercano.

López Obrador goza de dejar a México en esta tensa situación. Su populismo le lleva a producir «la enfermedad» para, en un futuro cercano, poder presentarse como «la solución» al problema. Su anunciado «retiro de la política», una vez terminada su gestión, parece una falsedad. Al tiempo podremos comprobarlo.

Nada fácil lo tendrá Sheinbaum, pero ella ha decidido ser la continuidad irreductible del gobierno de AMLO.