El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
La reforma del Poder Judicial de México es declarada constitucional
Solo falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que sea oficializada y entre en vigor
Tal y como quería el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el voto popular será el que elija a los jueces a partir de ahora en México. Solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.
El Senado mexicano y después la Cámara de Diputados fueron los que declararon la constitucionalidad con la aprobación de las supermayorías oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales en 32 estados.
La oposición se negó a asistir a ambas Cámaras del Congreso, que denuncian que la medida se trata de un retroceso para la democracia y en la independencia judicial y la posible intromisión de «grupos de interés». Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) lo tildaron de «fiesta» exclusiva del oficialismo y hablaban de un «consumado atraco a la nación».
Durante este tiempo, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, junto a 1.200 personas juzgadoras han tratado de frenar la reforma mediante recursos a instancias nacionales e internacionales.
Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody’s, así como el Gobierno estadounidense han advertido repercusiones para México por esta reforma, incluidos paneles y arbitrajes en el marco de tratados comerciales como el T-MEC.
Este viernes un juez mexicano del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, principal impulsor de la reforma, anunció que sería oficializada el próximo domingo 15 de septiembre, cuando se conmemora en el país el Día de la Independencia.
Más tarde, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma publique en el DOF. «Se les olvida que contra reforma constitucionales no proceden impugnaciones», dijo.
Las legislaturas que dieron ya su aval son las de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la capital Ciudad de México. Ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.
