Los desafíos del régimen venezolano y la ruta hacia la transición democrática

Aunque la incertidumbre sigue reinando con relación al camino hacia la transición democrática en Venezuela, los eventos que están ocurriendo dentro y fuera del país, parecen indicar que lo que se viene en los próximos meses para el régimen, hará historia.

Se trata, ahora, de una verdadera confrontación mundial que está aumentado los costes de su permanencia en el poder, pese la férrea represión interna que desató.

Junto al componente político y la diplomacia internacional, en las manos expertas de Edmundo González Urrutia (EGU), parece que la ruta hacia la transición democrática se ha enfocado en desmontar el entramado que, pese a las sanciones, sigue proveyendo de recursos económicos al Gobierno, a través de sus fuentes de financiamiento, es decir, la exportación ilegal de petróleo, la venta del «oro de sangre», el lavado de dinero producto del saqueo al erario público, y el tráfico de narcóticos.

Este componente de la «hoja de ruta opositora», cuya primera expresión visible es el reconocimiento internacional de EGU, no solo como el ganador de las elecciones del 28 de julio, sino como presidente electo de Venezuela, fue descrito por la líder María Corina Machado (MCM), en su discurso en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Foro «Héroes de la Democracia»), como «una estrategia de triunfo que continúa su camino inalterable».

Dijo, además, que, «estamos avanzando en la dirección correcta y sabemos quiénes son nuestros aliados y nuestra estrategia. Ellos (el Gobierno) no van a tener estabilidad financiera en el medio plazo y Venezuela será libre».

Adicionalmente, las amenazas de una posible acción paramilitar encabezada, motu proprio, por el exmilitar estadounidense Erik Prince, pero a la cual se incorporaron varios grupos de «perros de la guerra», de México y del Mosad —servicio de Inteligencia exterior de Israel—, mantienen a los jerarcas del régimen en una situación de permanente paranoia.

La creciente movilización de tropas venezolanas hacia la frontera con Colombia, unido al reclutamiento de guerrilleros y paramilitares del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de miembros de las bandas criminales colombianas que operan en la región, y hasta de soldados cubanos, es un buen ejemplo de ello, junto con la ausencia de Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU.

Otro elemento novedoso de la estrategia, es la activación del principio de «Justicia Universal» que, en el caso de delitos contra los derechos humanos, habilita a los magistrados locales de cualquier país a pedir la captura del o los indiciados, tal como hizo España en 1998 contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, por manos del juez Baltasar Garzón. Esta petición de acción involucra ya a más de 30 altos funcionarios del Gobierno.

No sería de extrañar que muy pronto ocurriera el tan esperado anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI), tras los resultados de más de ocho años de investigación y acumulación de expedientes contra el régimen chavista y sus altos funcionarios, por las acusaciones de delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos cometidos.

No obstante, es en el componente de las sanciones financieras personalizadas y la ofensiva contra el narcotráfico, el tráfico de oro y otros negocios ilegales, donde están ocurriendo las cosas más interesantes, provocando estado de alarma en los más altos niveles del oficialismo.

Según la información pública disponible, se han producido varias confiscaciones bancarias asociadas al régimen, en lugares tan variados como Suiza (pese a su estricto secreto bancario), Luxemburgo y Uganda. Esto incluye cuentas de altos militares y la lista de los próximos congelamientos supera los 400 nombres, sin contar a familiares, testaferros e intermediarios.

Destaco la reciente acción procesal por parte de un juez español contra la esposa y el socio de un directivo fallecido de la petrolera venezolana (PDVSA) por tener en España y ocultar a la Hacienda Pública fondos procedentes de dicha compañía.

Mientras esto ocurre, se acentúan las acciones internacionales contra el gran negocio del narcotráfico y del tráfico de oro que el régimen facilita e intermedia, y del cual se nutre.

Hace pocos días, la Guardia Costera de Países Bajos capturó en el mar Caribe, cargamentos cercanos a las dos toneladas de cocaína provenientes de Venezuela, que se suman a las poco más de 12 toneladas incautadas en los últimos tres meses, con la intervención de fuerzas norteamericanas e inglesas.

También se siguen produciendo incautaciones de oro transportado en barcos y aviones venezolanos, principalmente con destino a Irán y a países asiáticos.

Los grandes inversores extranjeros se han vuelto renuentes a poner su dinero en Venezuela

Finalmente, un elemento que se suma y no ayuda al Gobierno, pero que es producto de los muchos «autogoles» de su política, es la gran desaceleración provocada en la economía, especialmente a partir de lo ocurrido el 28 de julio. Los grandes inversores extranjeros se han vuelto renuentes a poner su dinero en Venezuela, debido a la incertidumbre que perciben sobre el retorno de sus inversiones, las mejoras económicas prometidas, y por la inestabilidad política y jurídica reinante que ha sumido al país en una «espiral de desorden económico, con una contracción del 80 % de la economía».

Se anticipan, además, nuevos descensos del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación y un crecimiento de la deuda externa, que se ubica ya, en 169 mil millones de dólares.

Parece pues, que «la estrategia de triunfo» en pro del logro régimen enfrenta desafíos para los cuales pudiera no estar preparado.

Por cierto, no hay que perder de vista que lo que está ocurriendo, dentro y fuera del país sudamericano. Está conformándose como una amenaza real que comienza a ser percibida por el régimen. Esto podría abrir la puerta para un diálogo negociador a favor de una salida pacífica a la crisis política creada por el desconocimiento de la voluntad popular.