¿Más elecciones implica mejor democracia?

La noción clásica de democracia indica que se trata del sistema político que defiende la soberanía popular y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Sin embargo, aun cuando la anterior afirmación encierra el núcleo central del sistema, se queda corta con respecto a la dimensión y los efectos que la democracia produce como sistema político, como forma de Gobierno y como derecho fundamental.

Efectivamente, la democracia debe ser el sistema político que garantice los derechos fundamentales de las personas y promueva los valores de libertad, justicia, igualdad, solidaridad y prosperidad; y, en este sentido, también aquel en el que se desarrolle una gestión de gobierno que asegure unas condiciones de vida digna y adecuadas para la sociedad.

Esto nos lleva a reflexionar sobre si los sistemas democráticos actuales están asumiendo su verdadera función legitimadora y si cumplen con los estándares de calidad formulados para realizar una evaluación objetiva. La crisis de crecimiento de la democracia, el déficit democrático, la falta de legitimidad democrática e incluso la carencia de democracia en determinados países son amenazas reales que enfrenta el sistema y que impactan inevitablemente en la sociedad.

De hecho, algunos autores ya plantean la necesidad de pensar en un nuevo sistema o valorar la sustitución de la democracia por fórmulas como el mercado y la sociedad civil. Particularmente, aunque considero que la democracia no es perfecta, se trata de un sistema probado que ha brindado frutos a la sociedad y que puede mejorarse. Aparte, sustituirla por una fórmula incierta representaría un alto riesgo, sobre todo habiendo todavía margen para trabajarla, fortalecerla, comprender su dimensión, practicarla de forma constante y defenderla.

Algunos autores ya plantean la necesidad de pensar en un nuevo sistema

En este sentido, resulta muy útil establecer unos índices objetivos para evaluar la calidad de las democracias. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia, de la revista británica The Economist, diferencia entre cuatro categorías para calificar el nivel democrático de los países sometidos a evaluación: I. democracia plena; II. democracia deficiente; III. régimen híbrido; y IV. régimen autoritario. Para ello, se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos de una democracia de calidad: las libertades civiles, el funcionamiento del Gobierno, la participación política y la cultura política, el sistema electoral y el pluralismo político.

Ya que por razones de espacio no podemos profundizar en cada uno de los requisitos mencionados, abordaremos el sistema electoral como un elemento clave mediante el cual se garantiza la participación tanto política como ciudadana en el ejercicio del juego democrático. Así, partiendo de que el sufragio universal es la manifestación más evidente de una democracia representativa mediante la que los ciudadanos expresan su voluntad en condiciones de igualdad y en procura de la paz social; en los procesos electorales se ve concretizada la idea de democracia, conectada con diferentes principios y derechos: la participación ciudadana activa, la libertad de expresión, la libertad de asociación y el debido proceso, entre otros. Pero estas premisas deben ser garantizadas para que la denominada ilusión del «juego limpio» descienda y aterrice en la realidad.

Precisamente, este 2024 es considerado, con acierto, el mega año electoral, ya que se prevé la celebración de cerca de cien elecciones, de las cuales 50 son presidenciales, en territorios que concentran aproximadamente la mitad de los habitantes del mundo; así lo indica la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES). En este sentido, en lo que transcurre del año hemos sido testigos de elecciones presidenciales en Comoras y Sudáfrica (África); El Salvador, Panamá, República Dominicana, México y Venezuela (Hispanoamérica); Taiwán e India (Asia); y Finlandia, Eslovaquia, Lituania, Macedonia del Norte e Islandia (Europa), sin olvidar las elecciones al Parlamento Europeo y las legislativas en Francia, y pendientes de las que se realizarán en el último trimestre del año en Georgia, Moldavia, Rumania, Croacia, Uruguay y Estados Unidos.

Sin duda, nos encontramos ante un hito muy positivo, debido a que la participación proactiva de las personas para manifestar su voluntad de elección contribuye a la consolidación de los valores democráticos, promueve la libertad y la solidaridad y constituye la base del Estado de derecho contemporáneo. No obstante, la simple puesta en marcha del acto de votación no es suficiente, ni siquiera la realización de constantes elecciones, ya que para que la manifestación democrática sea real y efectiva, los referidos procesos electorales deben cumplir con unas condiciones mínimas de garantía, en virtud de aquellos casos en los que las elecciones celebradas no se califican como democráticas.

Por lo que, respondiendo a la cuestión inicial, si a más elecciones, mejor democracia: no necesariamente.

Para que se verifique una democracia ideal, los procesos electorales deben ser especialmente transparentes, celebrados en condición de igualdad y sin ventajismo; es decir, con garantía plena de participación de los diferentes actores democráticos, tanto para los partidos políticos y candidatos, como para los electores. En otros aspectos, debe existir un registro electoral depurado y transparente, sin limitaciones ni intimidaciones sobre las personas que participen; el árbitro u organismo electoral ha de ser imparcial; se debe garantizar la participación de observación internacional calificada y el acceso pleno a los medios de comunicación para asegurar una información veraz. Además, la intervención de los cuerpos de seguridad en el acto de votación debe ser proporcional, solo para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo del proceso, sin autoritarismo, ni arbitrariedades.

A este respecto cabe destacar que, a raíz de las recientes elecciones celebradas en Venezuela, instituciones independientes y especializadas en veeduría internacional han desarrollado interesantes informes que pueden ser muy útiles y pedagógicos para crear una doctrina universal que recoja las condiciones que deben reunir los procesos electorales democráticos. Entre ellos, la Declaración del Centro Carter, el Informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Secretaría para el Fortalecimiento Democrático de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Informe Preliminar del Panel de Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En última instancia, es necesario concienciar a la ciudadanía sobre los procedimientos y requerimientos de la democracia, facilitando el acceso a herramientas informativas e imparciales, como la documentación mencionada sobre estas líneas, para que todas las personas conozcan sus derechos y puedan concretarlos y exigirlos con el fin de preservar y fortalecer los sistemas democráticos actuales. La difusión del conocimiento y la promoción de la participación permanente y responsable de una ciudadanía instruida, sobre todo de los jóvenes, que deben asumir su importante rol en la sociedad; son, por tanto, las claves para garantizar y reforzar la democracia.

*Alejandro Canónico-Sarabia es doctor en Derecho y director del Instituto para el Desarrollo del Buen Gobierno y la Calidad Democrática de la Universidad Villanueva