La ofensiva de Países Bajos sobre el Pacto Migratorio agudiza las tensiones entre Bruselas y los Estados miembros

Dicho y hecho: el nuevo Gobierno de coalición de los Países Bajos, encabezado por el tecnócrata Dick Schoof y cuyo principal componente es el Partido de la Libertad de Geert Wilders, presentó sus planes en materia de inmigración. El objetivo, claramente designado por la ministra de Asilo e Inmigración, Marjolein Faber, consiste en «hacer que Holanda sea lo menos atractiva posible para los solicitantes de asilo».

Para alcanzarlo, el Gobierno, en el plano interno, contempla varias medidas. Entre ellas figuran la derogación de la llamada «ley de distribución» –que obliga a los municipios a crear plazas de acogida para los solicitantes de asilo– y un endurecimiento de las normas sobre reagrupación familiar, que se reservará a quienes tengan un empleo y lleven al menos dos años en el país. También se suprimirán los permisos de residencia permanente y se rechazará inmediatamente a los solicitantes de asilo que no acudan a sus citas.

Schoof, que fue durante años jefe de los Servicios de Inteligencia neerlandeses, prometió, por su parte, que los solicitantes de asilo que causen molestias serán trasladados «inmediatamente» a un «lugar que restrinja la libertad», sin precisar si se trataba de la cárcel o de un centro de retención administrativa. Señaló, asimismo, que los inmigrantes sin papeles serían devueltos «inmediatamente».

Mas el plato fuerte de sus intenciones, ya de cara al exterior, ha sido el anuncio de iniciar los trámites para desligar a los Países Bajos del Pacto Europeo sobre Asilo e Inmigración, aprobado a duras penas por la Eurocámara hace cinco meses y así poder recuperar el pleno control de su política migratoria. La Haya no acepta siquiera la facultad ofrecida por el pacto de de pagar 20.000 euros por inmigrante rechazado para quedar exento de su cumplimiento. De esta forma, el Gobierno neerlandés pretende una derogación a los tratados europeos a través del método del 'opting out'.

Una prueba, pues, de la gravedad del pulso iniciado entre La Haya y Bruselas, en el que la primera quiere hacer plegarse a la segunda. La Unión Europea, destinataria de la petición de los Países Bajos, dispone de meses, e incluso años, para dar una respuesta oficial. Pero, dada la situación de emergencia migratoria, desde la Comisión Europea se ha hecho saber, por vía de comunicado, que «no se puede renunciar a la legislación adoptada en la UE», añadiendo que «no se prevé ningún cambio inmediato en virtud de las nuevas normas sobre inmigración, que siguen siendo vinculantes para los Países Bajos». Una forma de recordar que el país de las tulipas suscribió –antes de su aprobación definitiva– el Pacto Europeo sobre Asilo e Inmigración. Por lo tanto, no podría desvincularse solo por su voluntad.

El Ejecutivo que preside Úrsula von der Leyen es perfectamente consciente de que se enfrenta a una rebelión en toda regla por parte de varios Estados miembros. Por eso ya ha empezado a castigar al más díscolo: el 18 de septiembre anunció que deduciría 200 millones de euros de los futuros fondos europeos destinados a Hungría. Es el importe de la multa impuesta a Budapest por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, junto con una multa coercitiva de un millón de euros por día de retraso. Es la represalia al Gobierno de Viktor Orbán por no plegarse, según Bruselas, a las reglas comunitarias en materia de inmigración y asilo.

La realidad, sin embargo, es que Budapest no está aislado. Lo demuestra la carta enviada a la Comisión por quince Estados miembros –Italia, Dinamarca, Chequia y Grecia entre ellos– pocos días después de la aprobación del Pacto, en la que reclaman «esfuerzos complementarios», dando a entender que lo recién firmado no era suficiente. Sugerían, sin ir más lejos, seguir el ejemplo del acuerdo de Italia con Albania para enviar a los inmigrantes rescatados en aguas italianas a este país candidato a la adhesión a la UE para que allí puedan tramitarse sus solicitudes de asilo. Es un conato de deslegitimación del Pacto.

Con todo, el principal cuestionamiento de la estrategia bruselense en materia de inmigración ha venido por parte del principal país de la UE, Alemania, que en la primera quincena de septiembre anunció que retomaba temporalmente –hasta el 15 de marzo de 2025– el control de sus fronteras para tranquilizar a su opinión pública tras la ola de crímenes cometidos por extranjeros. El corolario de esta sensación de inseguridad por parte de la ciudadanía ha sido el auge electoral de la formación populista Alternativa para Alemania (AfD) y la aparición de una izquierda crítica con la inmigración encabezada por Sahra Wagenknecht.

El principal cuestionamiento de la estrategia de la UE en materia de inmigración ha venido por parte de Alemania

Como señala The Migration Policy Institute, la medida tomada por el canciller socialdemócrata Olaf Scholz supone un golpe a la línea de flotación de la UE, pues aunque «constituye una medida excepcional, aunque legal en el espacio Schengen de libre circulación, corre el riesgo de crear una reacción en cadena. Pese a que las autoridades alemanas han dejado claro que esperarán a que se refuercen las fronteras exteriores de la Unión Europea antes de relajar estas restricciones temporales, queda por ver si hay una rampa de salida a la vista o si lo que se anuncia como una medida de seis meses se endurecerá hasta convertirse en algo más permanente y posiblemente replicado por más Estados miembros».

Al ya complicado escenario europeo en materia migratoria se sumó a principios de esta semana el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, para quien el espacio Schengen ya no debería estar bajo el control de un comisario europeo, sino de «un Gobierno europeo dirigido por los ministros del Interior, que elegirían a un presidente surgido de sus filas». Dicho de otra forma: se trataría de quitar a Bruselas sus competencias migratorias. La guerra larvada entre la UE y sus Estados miembros en materia de inmigración se intensifica.