El Supremo mexicano examina la constitucionalidad de la reforma del Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha decidido abrir una controversia para determinar si tiene la autoridad para revisar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Esta controversia fue admitida tras una votación mayoritaria de ocho votos a favor y tres en contra, y surge a raíz de una impugnación presentada por jueces y magistrados que cuestionan la legalidad de dicha reforma.

La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato (2018-2024) y promulgada el pasado 15 de septiembre, ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Diversos organismos han manifestado su preocupación por el impacto que esta reforma podría tener en el Estado de derecho en México, argumentando que podría debilitar la independencia judicial.

En su sesión, el Pleno de la SCJN acordó abrir una controversia basada en la Ley Orgánica del PJF, que está diseñada para resolver conflictos internos dentro de este Poder. En el texto de la sentencia se establece que la fracción XVII del artículo 11 es la vía apropiada para que los impartidores de justicia soliciten a la Corte la verificación de la compatibilidad de la reforma con garantías judiciales y principios fundamentales, como la división de poderes y la independencia judicial.

El cambio propuesto por la reforma implica que más de 1.600 cargos judiciales serán sometidos a votación popular, lo que genera incertidumbre entre los miembros actuales del PJF sobre su futuro y funciones. La presidenta de la SCJN, Piña Hernández, y otros ministros como Juan Luis González Alcántara, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat, se mostraron a favor de analizar la reforma, mientras que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cercanas a López Obrador, votaron en contra.

Batres argumentó que la SCJN no debería tener la facultad de revisar cambios a la Constitución aprobados por el Poder Legislativo, señalando que esto violaría el principio de supremacía constitucional y podría interpretarse como un intento de golpe de Estado. La ministra expresó que esta acción podría llevar a la Corte a actuar de manera tiránica, al asumir un poder que no le corresponde.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la reforma durante su discurso de investidura, argumentando que no se trata de un acto autoritario, sino de una medida democrática que busca empoderar al pueblo. «¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que, en esencia, es democrática y permite que el pueblo decida?», preguntó la mandataria. En su declaración, enfatizó que el objetivo de la reforma es erradicar la corrupción en el Poder Judicial y aseguró que los derechos y salarios de los trabajadores de esta institución estarán completamente salvaguardados.