Se pospone el juicio por el caso «golpe de Estado I» contra Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia

Se esperaba que a las nueve de la mañana, fueran trasladados los tres investigados al Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en la capital bolivariana.

Anteriormente, las fuerzas del orden señalaron que se esperaba un fuerte despliegue policial con instalaciones de anillos de seguridad en el comienzo del denominado caso 'Golpe de Estado I'. Pero, la Policía del país sudamericano aseguró que poseía informes del Servicio de Inteligencia bolivariano en los que se advertía de «riesgos» durante el traslado.

Este juicio ocurre en medio de una tensión política y social que vive el país andino con el quiebre del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y ante duras críticas del sistema judicial, según informa EFE.

Finalmente, Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, Luis Fernando Camacho, gobernador electo del departamento de Santa Cruz y, Marco Antonio Pumari, el líder político de Potosí no llegaron a las dependencias judiciales en las que iban a ser juzgados por la renuncia y huida de Evo Morales en 2019, cuando ejercía como presidente de Bolivia.

Los tres políticos se les señala por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. La acusación alega que provocaron la renuncia y huida a México de Morales. El fiscal departamental de La Paz, William Alve, pide «las penas máximas» en un caso que define como terrorismo.

Lo cierto es que Jeanine Áñez alertó, a través de la ventana de su celda que, dentro de la cárcel de mujeres, en la zona Miraflores de la ciudad de La Paz, no había ningún operativo que indicara que iba a ser trasladada al juzgado. Más tarde su abogado confirmó que la audiencia se suspendió para el 17 de octubre, a las 8:30 de la mañana.

Evo Morales fue acusado, antes de su fuga de un «fraude electoral» para ser elegido nuevamente como presidente. Varios sectores se movilizaron en contra de la reelección y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que hubo «manipulación y parcialidad» en los resultados.

Tras el vacío de poder, la exsenadora Jeanine Áñez asumió la Presidencia «por sucesión constitucional» y frenó los conflictos sociales movilizando a la policía y militares. Los seguidores de Evo Morales la acusaban de «autoproclamarse» presidenta.

Áñez fue detenida en marzo del 2021 y encarcelada en el penal de mujeres de la zona de Miraflores, en La Paz, durante el Gobierno de Luis Arce. Tiene varios procesos abiertos en su contra.

La familia de Jeanine Áñez ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que no se respeta el «debido proceso» en Bolivia.

Para el oficialismo, Áñez vulneró los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados para la sucesión constitucional. Asumió la Presidencia tras la renuncia de Morales y de todos los que por ley estaban habilitados para liderar el Ejecutivo.

La defensa de Áñez argumenta que ella accedió al puesto en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del «vacío de poder» tras la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.

Áñez ya fue sentenciada por la Justicia bolivariana en junio de 2022 a 10 años de cárcel por otra caso llamado «golpe de Estado II», también por su participación en la crisis política de 2019.

En la misma línea, el abogado de Luis Fernando Camacho declara que la investigación en contra de su defendido es irregular. Alude que se le juzga porque en 2019 llevó una carta de Santa Cruz a La Paz en la que exigía la renuncia de Evo Morales por el presunto fraude electoral.

No obstante, Camacho señaló que son optimistas con el inicio del juicio oral. El también gobernador de Santa Cruz cumplirá pronto dos años de detención en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, junto a los delincuentes más peligrosos.

El tercer acusado, Marco Antonio Pumari, por su parte, no es tan optimista respecto a los resultados del juicio. «Hubo fraude, por eso nos movilizamos», declaró horas antes de ser trasladado de la cárcel de Potosí a La Paz. Considera que ya existe una «sentencia anticipada».