Nicolás Maduro, tres días después de las elecciones venezolanas del 28 de julio
La ONU acusa al Gobierno de Maduro por asesinatos y desapariciones forzadas durante las elecciones de 2024
Unas votaciones que estuvieron marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios
A finales del pasado abril, un informe del Departamento de Estado de EE.UU. recopilaba un sinfín de violaciones de los derechos humanos en la Venezuela de Maduro.
El Departamento de Estado estadounidense dedicaba un duro capítulo al régimen chavista. Entre otros muchos delitos destacaban las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones o torturas por parte de las fuerzas de seguridad.
Casi más de medio año después, ahora es la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela la que afirma que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» antes, durante y después de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 28 de julio.
Mediante un informe de 158 páginas, presentado este martes, la misión del organismo internacional acusa a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, violencia sexual y de género. Durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
El documento informa que las fuerzas de seguridad estuvieron «involucradas masivamente» en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas o tratos crueles y degradantes. Además, señala como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
También asegura que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».
Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad», la Asamblea Nacional, «instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático», o el sistema de justicia, que «siguió operando con falta de independencia».
Aunque, anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos. El nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió de manera significativa» en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.
En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por «ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno de Maduro o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades».
La misión destaca en el informe que en los diez meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno. Muchas de ellas en la llamada operación 'Brazalete Blanco'. Además, en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.
Ese tipo de campañas «sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil», señaló el informe del grupo de expertos.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el dosier, «pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente», con un número de arrestos, que pudieron contarse por miles, «sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019».
