El Supremo italiano frena la reforma autonómica y golpea a Meloni y su Gobierno

El ambicioso plan del Ejecutivo italiano para otorgar mayor autonomía a las regiones, uno de los pilares de la agenda política de Giorgia Meloni y Matteo Salvini, se encuentra en peligro tras el dictamen del Tribunal Supremo que declara inconstitucionales varios aspectos esenciales de la reforma. La medida, diseñada para descentralizar competencias y transferir más recursos fiscales a las regiones, ahora deberá ser revisada a fondo antes de volver al Parlamento, un revés que pone en duda su viabilidad en el corto plazo y amenaza con profundizar las tensiones políticas internas y territoriales.

El fallo judicial critica, entre otros aspectos, la posibilidad de implementar la descentralización a través de decretos gubernamentales, la transferencia de mayores ingresos a regiones con mala gestión fiscal y la entrega generalizada de competencias sin un análisis específico. Según los magistrados, estas disposiciones violan los principios constitucionales y podrían agravar las desigualdades entre el norte próspero de Italia y el empobrecido sur.

La oposición de centroizquierda, liderada por Elly Schlein del Partido Democrático (PD), ha celebrado la decisión como una victoria de la cohesión nacional. Desde el inicio, habían denunciado que la reforma dividiría aún más al país y representaría un peligroso precedente. «El Supremo ha protegido la Constitución y ha evidenciado las fallas de una reforma que era poco más que un premio para los intereses del norte», declaró Schlein.

Mientras tanto, Meloni y Salvini han intentado restar importancia al fallo. Salvini calificó la decisión como un mero ajuste técnico y prometió que los cambios solicitados se implementarán rápidamente. Sin embargo, la necesidad de reescribir el texto desde cero plantea un obstáculo importante en el calendario legislativo del Gobierno y podría generar nuevas críticas incluso dentro de la coalición.

Además, el fallo deja en el aire un referéndum que el centroizquierda preparaba para invalidar la reforma, dado que la versión inicial de la ley ha sido desautorizada parcialmente por los jueces. Este giro podría dar a Meloni un respiro político, aunque también significa que el debate sobre la autonomía regional se alargará, dejando abierta una herida que amenaza con debilitar su administración.

La primera ministra se enfrenta a una encrucijada: retomar un proyecto clave para su coalición, con el riesgo de alimentar una oposición fortalecida, o relegar la reforma en favor de otras prioridades. En cualquier caso, la descentralización, que prometía ser uno de los logros insignia del Gobierno, parece ahora un terreno resbaladizo que pondrá a prueba la unidad y la capacidad de gestión de Meloni en los próximos meses.