La oposición venezolana en el exilio insta en Bruselas a adoptar medidas urgentes contra el régimen de Maduro

La oposición venezolana en el exilio no se rinde. Antonio Ledezma, ex alcalde Caracas, encabezó una delegación al Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, para impulsar los acuerdos promovidos por la Eurocámara con base a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Estatuto de Roma.

La delegación de venezolanos, entre los que se encontraban Soranib Defendini, Tamara Suju, Blas Jesús Imbroda, Pedro Defendini y Víctor Cedeño solicitó activar las disposiciones vinculantes contenidas en el acuerdo celebrado entre la Corte Penal Internacional (CPI) y la Unión Europea. En concreto, las suscritas en 2006 que siguen en un letargo injustificable.

La delegación también solicitó que los nueve Estados europeos fiduciarios más Francia, Italia , Lituania, Alemania y Polonia que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI), exhorten a la Fiscalía y a la Corte a acelerar el procedimiento relacionado con la causa Venezuela 1, a los efectos de que se produzcan los resultados lo antes posible, tomando en cuenta que han transcurrido varios años desde que se inició esa investigación y aún están esperando la instrumentación de medidas específicas.

El objetivo final al que aspirala delegación es que se dicten las órdenes de captura contra Nicolás Maduro y los demás integrantes de la línea de mando, responsables de la perpetración de crímenes de lesa humanidad.

Antonio Ledezma resaltó que, «entre 2014 y la fecha presente, bajo el régimen de Maduro se han ejecutado 17,940 detenciones». También indicó Ledezma que «durante este período, se ha evidenciado el fenómeno de la «puerta giratoria»», mediante el cual el régimen, en los diálogos en los que participa, aparenta disposición de liberar presos políticos, pero al mismo tiempo continúa realizando detenciones arbitrarias y aplicando tratos crueles para sembrar pánico entre la ciudadanía.

Una de las denuncias realizadas tiene que ver con el hecho de que los detenidos son mantenidos incomunicados y se les impide disfrutar del derecho procesal de audiencias de presentación.

Estas audiencias se realizan de forma extemporánea y sin permitir la presencia de abogados privados, obligando a los detenidos a aceptar defensores públicos que actúan como agentes del régimen. Esto constituye una violación del principio de inmediación contemplado en el artículo 332 del Código Procesal Penal.

Entre 2014 y 2024, dentro de los miles de detenidos, se incluyen 931 adolescentes

Entre 2014 y 2024, dentro de los miles de detenidos, se incluyen 931 adolescentes. De estos, 162 fueron detenidos después del 28 de julio en el contexto de detenciones post-electorales, lo que evidencia un patrón de conductas represivas.

En la reunión del Parlamento Europeo Víctor Cedeño planteó que, «dado que el Estado venezolano demuestra ausencia de voluntad para prevenir, juzgar y sancionar a los altos responsables de crímenes de lesa humanidad, es imposible esperar un proceso claro y transparente de rendición de cuentas. Por esta razón, hemos solicitado a la Fiscalía que continúe avanzando en los procedimientos para materializar la rendición de cuentas y así evitar la impunidad».

Acelerar los procesos de la CPI

Asimismo, la delegación solicitó a la Comisión del Parlamento Europeo que exhorte a la Corte Penal Internacional a acelerar estos procesos.

Entre los datos aportados recordaron que el 30 de julio, Nicolás Maduro anunció un «plan especial» para perseguir a quienes protagonizaran protestas tras el fraude electoral denunciado en la madrugada del 29 de julio. Dentro de ese plan especial de persecución, Maduro puso a disposición una red denominada VenApp y anunció la operación degradante llamada «Operación Tuntún», que consiste en tocar las puertas de las viviendas de personas denunciadas como supuestos «terroristas» para ser detenidas arbitrariamente.

El 30 de julio, el fiscal Tarek William Saab, al servicio del régimen, anunció que 749 personas habían sido detenidas, acusadas de instigación a delinquir, obstrucción al libre tránsito, resistencia a la autoridad y terrorismo.

Entre el 1 y el 27 de julio, ya se habían realizado 142 detenciones antes de las elecciones, incluyendo 19 mujeres y 123 hombres. Después del 28 de julio y hasta la fecha, el propio régimen reconoce que más de 1,848 ciudadanos han sido detenidos, entre ellos 252 mujeres, 162 adolescentes (incluyendo 18 personas discapacitadas y 18 indígenas). Además, se han registrado 26 asesinatos, incluyendo los casos recientes de Edwin Santos, en el estado Apure, y Jesús Martínez, en el estado Anzoátegui.

Durante su intervención destacaron los informes presentados recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Determinación de los Hechos. Estos informes, publicados el 17 de septiembre de este año, confirman las violaciones de derechos humanos documentadas en detalle en sus piezas, reforzando las denuncias presentadas.