Soranib Hernández, abogada venezolana: «La UE puede ayudar a la Corte Penal a hacer justicia en Venezuela»

Para muchos, pero sobre todo para los venezolanos, genera una enorme frustración que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no haya girado aún una orden de captura contra Nicolás Maduro como si lo ha hecho con Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

En general, los casos de crímenes de lesa humanidad son complejos y pueden tomar mucho tiempo debido a los tecnicismos que ralentizan la validación de las pruebas y el proceso para recabar los testimonios de víctimas, victimarios y testigos. Para ayudar en el avance de la búsqueda de la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura chavista, la abogada hispano-venezolana Soranib Hernández, junto a su marido, el también abogado, Simón Pedro Deffendini, presentaron una petición al Parlamento Europeo con la esperanza de activar el Acuerdo de Cooperación y Asistencia entre la Unión Europea (UE) y la CPI.

En entrevista con El Debate, Hernández comparte el estado actual del caso ante la Corte Penal y las posibilidades de que la Unión Europea colabore a partir de una petición que ha presentado al Parlamento Europeo.

— ¿Cuál es la situación actual del caso de crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro?

— El fiscal principal, Karim Khan, tiene actualmente unas acusaciones por temas sexuales y él mismo pidió en julio de este año, con base en los códigos éticos de la Fiscalía de la CPI y conforme el mismo Estatuto de Roma, apartarse del caso y que el Fiscal adjunto asumiera la investigación y continúe con el caso.

Evidentemente hay una preocupación no solamente de las víctimas de los familiares, sino también de los Estados que han remitido el asunto a la CPI y de organismos de la ONU y de la propia OEA que han levantado informes sobre la situación de Venezuela.

De hecho, en septiembre Uruguay hizo una nueva remisión de documentos y pruebas, así que ya tenemos siete estados partes que están pidiendo que el caso avance.

— Pero ¿por qué el avance es tan lento?

— El fiscal Khan recibió este año un fondo fiduciario bastante importante de nueve estados parte del Estatuto de Roma, que también son Estados parte de la Unión Europea: Estonia, Lituania, Dinamarca, Reino, Reino, Países Bajos, entre otros, para incorporar tecnología, inteligencia artificial y traductores porque han recibido muchos expedientes en español.

La traducción lleva tiempo y ralentiza el trabajo, así como la verificación de las imágenes que les llegan para constatar que sean auténticas. Esos fondos para traducciones e incorporar nuevas tecnologías permiten avanzar en el análisis de los expedientes y la valoración de las pruebas.

Estos fondos coadyuvaron a que la investigación avanzara, pero entonces surgió la denuncia contra el fiscal y él tiene que separarse del caso para defenderse de las acusaciones que presentaron contra él.

— ¿Cómo resulta de idea de buscar el apoyo de la UE para reimpulsar el caso?

— La idea surge de un proyecto de investigación que desarrollamos mi esposo y yo buscando todos los mecanismos del derecho internacional para que se haga justicia y reparación. En ese proceso dimos con un acuerdo vinculante, es decir, que obliga a la Unión Europea a cooperar en lo judicial y lo penal con la Corte Penal Internacional.

La idea es utilizar las herramientas jurídicas que hay disponibles para que nos ayuden con esta situación de inacción aparente en la Corte Penal.

El acuerdo entre la Unión Europea y la Corte tiene varios objetivos en materia de cooperación tanto en lo jurídico como en lo judicial. Por ejemplo, ayudar a cumplir con órdenes de detención, presentar testigos e inclusive entregar información confidencial.

— ¿Cómo se puede activar el acuerdo entre la UE y la Corte Penal?

— Mediante el sistema de peticiones ante el Parlamento Europeo que cualquier ciudadano de la Unión puede presentar.

El Parlamento te puede decir sí o no a la petición. Si te dice que sí sigue, adelante. Hay millones de peticiones y de ellas algunas siguen su proceso, otras no. El Parlamento revisó nuestra petición y nos respondió que sí entra en el ámbito de su competencia, por lo cual vamos a seguir adelante.

Ese acuerdo es maravilloso, porque te dice que los Estados miembros, dentro de su ámbito de competencia, podrán ser centro de recepción de pruebas y testimonios de víctimas y de victimarios. Yo creo que esto viene siendo como el último eslabón que faltaba. Después de aquí no hay más nada que hacer, porque Venezuela denunció la Convención Americana y la Corte Americana no puede hacer nada. Y en el caso de la responsabilidad de los individuos, las únicas dos vías que tenemos son la Corte Penal y la justicia universal con la que Argentina está tratando de ayudar.

— ¿Qué piden exactamente?

— Estamos solicitando al Parlamento Europeo que traslade a la Unión Europea la activación de este acuerdo de cooperación judicial con la Corte Penal Internacional que data del año 2006. Asimismo, solicitamos que nos informen si el acuerdo se ha puesto en práctica o si nos pueden ayudar a hacerlo. Para ello, hay que activar un plan de seguimiento mediante el cual se establece un plan de acción en el que cada Estado miembro se encarga de revisar cómo está cooperando su país.

Tenemos confianza en el sistema de justicia de la Unión Europea basado en la Carta de Derechos Fundamentales, que se extiende más allá de sus fronteras y vigila la protección de los derechos humanos. Estamos convencidos de que la Unión Europea está comprometida tal como lo ha demostrado con la protección de los venezolanos dentro de su territorio.