El Parlamento chavista impulsará una ley para inhabilitar de por vida a quienes pidan sanciones contra Venezuela

El Parlamento venezolano, controlado por el oficialismo, anunció este martes la creación de una ley especial que permitirá inhabilitar de manera perpetua a quienes soliciten sanciones internacionales contra el país. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, afirmó que esta medida busca castigar lo que calificó como «actos tan lascivos» como pedir «agresiones» externas contra Venezuela, considerándolos una forma de traición a la patria.

Rodríguez detalló que la propuesta formará parte de una «ley contra el bloqueo y por la defensa» de Venezuela. Según explicó, esta normativa establecerá procesos judiciales más severos contra quienes incurran en actos que dañen, según el oficialismo, la soberanía nacional. Actualmente, el delito de traición a la patria está penado con hasta 30 años de prisión, pero la nueva ley podría añadir sanciones como la inhabilitación política perpetua.

«Nosotros debemos tener un articulado donde se establezcan nuevas formas de ir contra esos criminales para juzgarlos y condenarlos por traición a la patria», expresó Rodríguez durante una sesión legislativa. En ese contexto, acusó al opositor exiliado Edmundo González Urrutia de promover sanciones en Europa y Estados Unidos, señalándolo como uno de los principales destinatarios de la normativa.

Respuesta a medidas estadounidenses

La propuesta fue presentada mientras se discutía en el Parlamento un acuerdo en rechazo a una reciente iniciativa legislativa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Este proyecto complementa las restricciones comerciales ya existentes entre instituciones federales estadounidenses y entidades relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro. Rodríguez calificó la medida como un «acto de barbarie» que, según afirmó, forma parte de una política de sanciones internacionales dirigidas a «exterminar la libertad económica» de Venezuela.

Desde el Ejecutivo, el gobierno de Maduro también rechazó la iniciativa estadounidense, acusando a la «derecha fascista» de solicitar nuevas sanciones con el objetivo de obstaculizar las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos. El chavismo sostiene que el país ha sido objeto de más de 930 «medidas coercitivas unilaterales», que incluyen bloqueos financieros y restricciones a funcionarios gubernamentales.

La propuesta de la Asamblea Nacional evidencia un nuevo endurecimiento del discurso oficial contra los sectores de la oposición vinculados al apoyo de sanciones internacionales. El gobierno chavista ha utilizado repetidamente la narrativa de la «traición a la patria» para justificar procesos judiciales y sanciones contra sus detractores.

No obstante, esta medida también refuerza el aislamiento político interno, al tiempo que endurece las restricciones legales que enfrentan los líderes opositores. La comunidad internacional, por su parte, podría interpretar este movimiento como un intento de socavar aún más las garantías democráticas en el país y silenciar voces disidentes.

Con esta iniciativa, el Parlamento controlado por el oficialismo deja claro su intención de consolidar un marco legal que refuerce la narrativa soberanista del chavismo y que limite las estrategias de presión internacional utilizadas por la oposición. La ley aún no tiene una fecha de aprobación, pero su anuncio ya ha generado inquietud entre los sectores críticos al régimen y en el ámbito de los derechos humanos.