El expresidente argentino Alberto Fernández declara ante la Justicia, niega irregularidades y denuncia «persecución política»

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández (2019-2023), compareció este miércoles ante la Justicia para responder a graves acusaciones sobre su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la contratación de seguros en organismos públicos durante su gobierno. Aunque Fernández calificó las imputaciones de «infundadas, falsas y arbitrarias», las pruebas planteadas por la fiscalía sugieren lo contrario, al vincular la medida con el beneficio directo de personas cercanas a su círculo íntimo.

La causa, iniciada tras una denuncia de la abogada Silvina Martínez y formalizada por el fiscal federal Ramiro González, se centra en un decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021, que obligaba a los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, una empresa vinculada al Banco Nación. Según los denunciantes, esta decisión habría favorecido a intermediarios innecesarios, como Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada del expresidente y declarado acreedor en sus declaraciones patrimoniales, quien habría recibido comisiones millonarias por las contrataciones.

Fernández, sin embargo, se limitó a defender la legitimidad de sus decisiones como presidente, calificando la causa de «política» y acusando al juez de falta de imparcialidad. «Esto no es justicia, es una acción política contra mí», afirmó, según declaraciones de su abogada, Mariana Barbitta, quien agregó que su cliente respondió extensamente durante la indagatoria, aunque evitó hablar con la prensa al ingresar y salir del tribunal.

La defensa del expresidente sostiene que las acusaciones carecen de sustento, argumentando que Martínez Sosa es «un broker de seguros reconocido nacional e internacionalmente» y que pensar en una connivencia entre él y Fernández es «falso y arbitrario». Sin embargo, las conexiones personales y los beneficios económicos generados para su entorno levantan serias dudas sobre el manejo ético de los recursos públicos durante su mandato.

El caso también pone en el centro de atención la opacidad en el uso de decretos presidenciales para decisiones que parecen diseñadas para beneficiar a actores privados específicos. Críticos señalan que este no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia que marcó la gestión de Fernández, caracterizada por decisiones que favorecieron a sectores vinculados al poder político.

Por el momento, el futuro judicial del expresidente queda en manos del juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, quien deberá determinar si las pruebas presentadas son suficientes para avanzar hacia un eventual juicio oral. Mientras tanto, el caso sigue generando controversia en el ámbito político y alimenta el debate sobre la corrupción y la falta de transparencia en la administración pública argentina.