Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente boliviano
Condenan a seis años de prisión al expresidente boliviano Sánchez de Lozada
Ha sido declarado culpable de aprobar más de un centenar de contratos con multinacionales petroleras sin el aval del Parlamento
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia dictó una sentencia de seis años y tres meses de prisión contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, encontrándolo culpable de aprobar más de un centenar de contratos con multinacionales petroleras sin el aval del Parlamento, en lo que se conoce como el caso «Petrocontratos».
El Ministerio de Justicia calificó la decisión como un hito en la lucha contra la impunidad en delitos de corrupción que afectaron la soberanía y el patrimonio del país. Según el fallo, Sánchez de Lozada y tres de sus exministros—Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López—violaron la normativa constitucional al aprobar 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos sin la autorización del Poder Legislativo.
Además de las penas de cárcel, los condenados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante cinco años. El Ministerio de Justicia también destacó que la sentencia abre la posibilidad de iniciar procesos de extradición, dado que Sánchez de Lozada, de 94 años, vive en Estados Unidos desde 2003, tras renunciar a la Presidencia en medio de la crisis social conocida como «octubre negro».
El caso se remonta a una acusación presentada en 2005 por Evo Morales, entonces diputado, que señalaba que estos contratos favorecieron a empresas extranjeras y causaron un daño económico significativo al Estado boliviano. En 2010, ya bajo la presidencia de Morales, el Legislativo aprobó el juicio de responsabilidades, y en 2015 la Fiscalía formalizó la acusación.
El caso también involucró al expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, aunque fue excluido del proceso tras recibir una amnistía de Morales en 2018 para facilitar su colaboración en la demanda marítima de Bolivia contra Chile. Esta decisión, sin embargo, ha sido cuestionada históricamente, según el Ministerio de Justicia.