El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol
El presidente de Corea del Sur decreta la ley marcial, anunciando una «crisis política sin precedentes»
La declaración de la ley marcial otorga poderes extraordinarios al presidente y a las fuerzas armadas para mantener el orden público y garantizar el funcionamiento del Estado
El presidente de Corea del Sur, Yoon Seok-yeol, ha anunciado la implementación de la ley marcial el 3 de diciembre, declarando que el país enfrenta un momento crítico que podría precipitar su colapso inmediato. En una declaración de emergencia, el mandatario atribuyó la medida a una «crisis sin precedentes» marcada por la parálisis institucional y un ambiente de enfrentamiento político extremo.
El presidente Yoon denunció que desde el inicio de su gobierno, la Asamblea Nacional ha impulsado 22 juicios políticos contra funcionarios clave, con 10 de ellos promovidos desde junio durante la 22ª Asamblea Nacional. Según el mandatario, estas acciones han llevado al país a un nivel de inestabilidad sin precedentes, erosionando la separación de poderes y obstaculizando el funcionamiento normal del Estado.
El jefe de Estado subrayó que altos funcionarios del gobierno, como el Ministro de Defensa, el Presidente de la Junta de Auditoría y otros, han sido objeto de intentos de destitución, mientras que se ha acusado a fiscales y se han recortado presupuestos esenciales. «Están destruyendo las funciones básicas del Estado», afirmó Yoon, citando como ejemplos la reducción de recursos destinados a combatir delitos relacionados con las drogas y garantizar la seguridad pública.
Acusaciones contra el Partido Demócrata
El presidente también arremetió contra el Partido Demócrata, calificando sus acciones como una «dictadura legislativa» que utiliza el presupuesto como un arma política para paralizar el gobierno. «Están jugando con las finanzas nacionales y dañando la confianza del pueblo en el Estado», añadió Yoon.
Además, acusó al partido opositor de «actos antiestatales» destinados a provocar una guerra civil al desafiar el orden constitucional y desestabilizar las instituciones del país.
La declaración de la ley marcial otorga poderes extraordinarios al presidente y a las fuerzas armadas para mantener el orden público y garantizar el funcionamiento del Estado en medio de la crisis. Este movimiento, sin embargo, podría intensificar la ya profunda polarización política y derivar en protestas masivas o enfrentamientos civiles.