Portugal prohíbe la sanidad gratuita a los inmigrantes sin papeles

El pasado jueves tuvo lugar en Lisboa un gran operativo policial que buscaba a criminales que hubieran cometidos delitos. Tras el registro de más de 30 personas dos de ellas fueron detenidas: una por posesión de arma blanca y la otra por ser el presunto autor de varios robos.

La operación no ha estado exenta de críticas por parte de numerosos partidos de la oposición como el Partido Comunista Portugués o el Bloco de Esquerda que la han acusado de ser «un número de propaganda de extrema derecha, promovido por el Gobierno (…) para perseguir inmigrantes».

Esta operación supone un gran cambio para el Gobierno de Portugal gobernado por el Partido Social Demócrata (PSD). El presidente del país, Luis Montenegro, se mostró firme con la decisión de establecer una «operación especial de prevención delictiva» para poder gestionar con mayor dureza las problemáticas relacionadas con cuestiones de inmigración.

Dentro de las medidas que Montenegro quiere aplicar se encuentra la que se votó ayer jueves la cual es una ley que prohíbe el acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud a todos los inmigrantes sin papeles y a los extranjeros no residentes.

Esta ley, apoyada por la derecha portuguesa representada por la Alianza Democrática y la Chega, tiene intención de «corregir el grave error del anterior Gobierno del Partido Socialista que, hace cinco años, impuso una Ley de Bases de Sanidad donde decidió de forma irresponsable prometer el acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud a todos los ciudadanos del mundo», ha dicho el representante del PSD, Miguel Guimares.

Esta medida venía impulsada por la Chega, partido que ha generado fricción con el PSD ya que, tras las elecciones de marzo de este año, Montenegro no quiso que dicho partido formara parte del Gobierno. De hecho, la Chega pretendía obligar a realizar un pago a todos aquellos solicitantes de asilo que quisieran acceder al sistema de salud pública portugués. Esta medida es una respuesta a una problemática que tiene Protugal el cual ve como ciudadanos extranjeros viajan al país solo para recibir tratamientos por parte de la sanidad pública.

Si bien el impacto de la atención sanitaria de extranjeros en el sistema público se desconoce, varios parlamentarios han admitido que sí que se podrían haber cometido abusos y anunciaron que comenzarán a investigar los posibles casos.