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Combatientes talibanes caminan mientras disparan al aire para dispersar a las mujeres afganas que se manifiestan en KabulAF

La Corte Penal Internacional pide detener al líder de los talibanes por perseguir a las mujeres

Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó este jueves a los jueces la aprobación de dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán.

«Existen motivos razonables que permiten creer que el líder supremo de los talibanes, Hibatulá Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema del 'emirato islámico de Afganistán', Abdul Hakim Haqani, tienen responsabilidad penal por el crimen de lesa humanidad de persecución por género», afirmó Karim Khan en un comunicado.

«Esta persecución en curso conlleva numerosas y graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libertad de circulación y de expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión», denunció Khan.

Además, el fiscal subrayó que la resistencia u oposición percibida a los talibanes «fue, y es, brutalmente reprimida mediante la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos».

Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán, aunque asegura que «próximamente presentará más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes».

Entre las pruebas con las que cuenta su oficina, hay material audiovisual, decretos oficiales, informes forenses, así como testimonios de expertos y testigos, y declaraciones de los propios sospechosos y otros representantes de los talibanes. Los jueces de la CPI, examinarán ahora el pedido del fiscal para decidir si emiten o no órdenes de arresto. Un proceso que llevará semanas o meses.

Tras recuperar el poder en Afganistán en agosto de 2021, los talibanes prometieron inicialmente mostrarse más flexibles con las mujeres que durante su primer período al frente del país, entre 1996 y 2001. Sin embargo, progresivamente, los islamistas impusieron una letanía de restricciones a las mujeres, al punto que la ONU denuncia la existencia de un auténtico «apartheid de género».

Actualmente, las mujeres afganas no pueden acceder a la universidad ni a la educación secundaria, no pueden ir a parques, ni a gimnasios, ni a salones de belleza. Una ley les prohíbe cantar y declamar poesía, en virtud, como las demás directrices, de una visión ultrarrigorista de la ley islámica. Igualmente las obliga a cubrir sus cuerpos cuando salen de casa.

Algunas radios y televisiones locales han dejado incluso de emitir voces femeninas. El fiscal de la CPI sostuvo a propósito que «la interpretación que los talibanes hacen de la sharía no puede usarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales».

El Gobierno talibán defiende que la ley islámica «garantiza» los derechos de las mujeres y que estas críticas no tienen fundamento. El emir Akhundzada vive prácticamente recluido en su feudo de Kandahar, bastión de los talibanes en el sur de Afganistán, y sólo aparece en público en muy contadas ocasiones.