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Las reformas agrarias son un motivo de preocupación en Sudáfrica
La nueva ley de expropiaciones de Sudáfrica azuza las tensiones entre negros y blancos
Contempla, entre otras disposiciones, dejar sin compensación a los afrikáner en tierras no aradas y cultivadas
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, promulgó el 23 de enero ley de expropiación de tierras «en aras del interés público» para «promover la inclusión y el acceso a los recursos naturales». Una fórmula lo suficientemente ambigua como para generar inquietud entre los granjeros afrikáner, descendientes de los colonos europeos. Más si se tiene en cuenta que el objetivo proclamado se podría, en algunos casos, plasmar sin compensación económica para los expropiados en «tierras no aradas ni explotadas».
Desde la época de la transición democrática, culminada en 1994, varios gobiernos sudafricanos han emprendido reformas agrarias, pero los resultados han sido limitados y tímidos. Se ha redistribuido menos del 10 % de la tierra, muy por debajo de las expectativas y promesas de campaña formuladas constantemente por el Congreso Nacional Africano (ANC, cuyo líder histórico fue Nelson Mandela), el partido en el poder desde el fin del apartheid. Otros datos, de 2027, indican que los afrikáner aún controlan el 72 % de las tierras privadas.
Un estancamiento que ha alimentado la ira y la frustración, particularmente entre los militantes de extrema izquierda del partido Luchadores por la Libertad Económica (Eff,), liderado por el carismático, Julius Malema. Conocido como el alborotador de la política sudafricana, ha incitado repetidamente a sus partidarios a ocupar tierras, exacerbando las tensiones sociales y raciales y utilizando las querellas presentadas contra él como trampolín político. Malema opina que la reforma de Ramaphosa es «insuficiente».
Del otro lado, los afrikáners la consideran como una amenaza directa a su mismísima existencia como comunidad y temen un escenario similar al de Zimbabwe, donde la reforma agraria radical del presidente Robert Mugabe a principios de la década de 2000 condujo al colapso del sector agrícola, a la hiperinflación y a una crisis humanitaria. Piensan, asimismo, que este antecedente ejemplifica los riesgos asociados a una expropiación y redistribución mal gestionadas. Señalan, por otra parte, que Sudáfrica sigue careciendo de una masa de agricultores capaces de cultivar la tierra con los medios modernos requeridos.Sin olvidar los riesgos de violencia: algunos agricultores temen un incremento de la violencia contra sus propiedades. Según el sindicato afrikáner AfriForum, más de 4.000 agricultores han sido asesinados en una década, un verdadero «genocidio» planeado contra la comunidad afrikáner. El Gobierno sudafricano niega este extremo, aunque reconoce la existencia del fenómeno.
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Ramaphosa, presidente de Sudáfrica
Otro punto conflictivo tiene que ver con el estatus de la Fundación Ingonyama, que controla casi el 30 % de las tierras de KwaZulu-Natal, es decir, el territorio zulú, donde la aplicación sin matices de la ley de Ramaphosa podría provocar fuertes tensiones étnicas y políticas. Creada poco antes de las primeras elecciones multirraciales en 1994, la fundación tenía como objetivo proteger las tierras zulúes contra cualquier intento de redistribución de tierras.
Actualmente en manos del rey zulú Misuzulu kaZwelithini —que está dando que hablar estos días en la prensa del corazón de medio mundo por sus peripecias conyugales—, este fideicomiso genera ingresos considerables. El rey, que rechaza cualquier concesión, intenta repeler las presiones del poder. De ahí que ya haya iniciado conversaciones con grupos afrikáner de cara a una acción conjunta. No sería la primera vez que se daría esta asociación algo extravagante: basta recordar las alianzas tácticas del pasado entre el líder zulú Mangosothu Buthelezi y el Gobierno del apartheid para debilitar a Mandela.
Tampoco se puede obviar la dimensión estrictamente política del entuerto. No solo por los recursos ya anunciados por otros partidos, empezando por la Alianza Democrática, socio del «Gobierno de Unidad Nacional», configurado el pasado junio, el primer no exclusivo del Congreso Nacional Africano desde 1994.
¿Se acortará la duración de esta experiencia? No hay, de momento, indicios al respecto. Sin embargo, hay un antecedente reciente que ya ha avivado la frágil convivencia: la conocida como Ley Bela, en vigor, reduce significativamente el uso del idioma afrikáner en las escuelas. La crispación se ha trasladado igualmente a las redes sociales. Sin ir más lejos, la página de Facebook de Orania, un enclave afrikáner acusado de cultivar el separatismo blanco, fue el escenario de una violenta discusión entre «blancos» y «negros», sin visos de moderación por parte de ninguno de los bandos. La reconciliación plena tendrá que esperar.