Daniel Ortega junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo
Daniel Ortega y Rosario Murillo plasman su dictadura bicéfala en la Constitución de Nicaragua
La Presidencia ahora integrada por dos copresidentes, dirigirá al Gobierno y coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y todos los entes autónomos del país
La dictadura de dos cabezas de Nicaragua ya es oficial y constitucional gracias a una reforma a la Constitución Política del país centroamericano que transforma totalmente la forma del Estado y elimina el equilibrio de poderes otorgando un poder total a Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y a su mujer Rosario Murillo, quien ejercía la vicepresidencia desde 2017. Tras la reforma Murillo logra el cargo de «copresidenta» al mismo nivel que su marido.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, fue publicada en el Diario Oficial el pasado miércoles tras ser aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo a raíz de múltiples y continuos fraudes electorales desde hace más de una década.
El nuevo texto constitucional amplía de 5 a 6 años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta» y concede la autoridad para que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes acabando de tajo con el sistema republicano de separación de poderes.
Además, crea las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria» que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares que el régimen ocupa para reprimir y sostenerse en el poder.
Los legisladores que sirven de comparsa a los deseos de Ortega y Murillo reformaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la tortura. Así mismo, el nuevo texto constitucional legaliza la apatridia como método represivo (expulsión de opositores y retiro de la nacionalidad nicaragüense).
Los suprapoderes de la Presidencia
La enmienda constitucional establece que Nicaragua es un Estado «revolucionario», libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la «democracia directa».
El poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República, que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La Presidencia dirigirá al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, según la norma.
Por otro lado, también con establece que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Además que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.
También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la república lo requiera.
Policía voluntaria y vigilancia a medios
Asimismo crea «las fuerzas militares de reserva patriótica, como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento».
Además crea la policía voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por nicaragüenses «que prestan sus servicios de forma voluntaria».
Pese a que la figura de policía voluntaria no existía en la Constitución, Ortega ya hablaba de su existencia al señalar en septiembre de 2022 que el Ejército, la Policía y la «policía voluntaria» ayudaron a restaurar «la paz» en Nicaragua tras la revuelta popular de 2018 -iniciada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- que fue reprimida violentamente dejando cientos de muertos, miles de presos políticos y decenas de miles de exiliados.
Según organismos internacionales y opositores, esos civiles armados son «grupos parapoliciales y paramilitares» que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada 'Operación Limpieza' con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones en su contra.
La dictadura de Ortega-Murillo ahora podrá vigilar 'legalmente' que los medios de comunicación social con la excusa de evitar que sean «sometidos» a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.
La dictadura sandinista, alineada con las dictaduras castrista de Cuba y el chavista de Venezuela, ha pedido reformar la Constitución en doce ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió a Ortega reelegirse de forma indefinida.