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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump urge al Tribunal Supremo abordar la retirada de la ciudadanía por nacimiento

El gobierno del republicano ha presentado una petición de emergencia para limitar el alcance de las órdenes judiciales de primera instancia a aquellos directamente afectados

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que levante de forma parcial las órdenes judiciales que bloquean su decreto para suprimir el derecho a la obtención de la ciudadanía por nacimiento, tal y como recoge la 14ª enmienda de la Constitución.

En sus primeras horas en el poder firmó un decreto para eliminar el derecho para evitar que los hijos de quienes habían ingresado ilegalmente en el territorio del país norteamericano y de los migrantes con visados temporales consiguieran el pasaporte de EE.UU. Sin embargo, las cortes federales de Maryland, Massachusetts y Washington la bloquearon.

Debido a la posibilidad de que el litigio legal pudiera permanecer abierto durante meses, la Administración Trump ha presentado una petición de emergencia para limitar el alcance de las órdenes judiciales de primera instancia a aquellos directamente afectados, los que recurrieron a la justicia.

Esto supondría limitar el bloqueo a los 22 estados demandantes y permitir la aplicación en los otros 28. Ahora el Supremo debe barajar si aceptar la petición de emergencia, algo a lo que no está obligado.

«Una epidemia»

Sarah Harris, la asesora jurídica interina de Trump, describió la solicitud como «modesta», que no busca un fallo de la Corte Suprema sobre si es constitucional o no las pretensiones del republicano. «Las órdenes judiciales de alcance universal se han vuelto una epidemia desde el inicio de la actual administración», añadió en su escrito, asegurando que los magistrados impiden que «el poder ejecutivo cumpla con sus funciones constitucionales».

Los tribunales están oponiendo resistencia en todo el país a las formas de actuar del presidente para recortar el presupuesto, frenar la migración ilegal o despedir masivamente a funcionarios. Sobre esta cuestión, un juez de California ha ordenado a seis agencias federales la readmisión de los trabajadores en período de prueba que habían sido despedidos.