Anatomía de la condena a Cristina Kirchner

Todo parece imposible hasta que se hace. Esta parece que fue la premisa con la que comenzaron su tarea, en el 2019, los jueces del Tribunal Federal N 2, sus colaboradores y el fiscal que debía representar los intereses de la sociedad, en el proceso en el que se dirimiría si la obra pública realizada durante el gobierno Kirchnerista había sido una decisión política, acertada o no, o se trataba de un plan organizado para apoderarse de los dineros públicos, enmascarándolo con el disfraz del mejoramiento de la infraestructura de una provincia, Santa Cruz, que hasta entonces había sido postergada.

Los ciudadanos fuimos testigos silenciosos de un ostensible aumento patrimonial del matrimonio Kirhcner, que tuvo alternativamente a cargo la Presidencia. También de sus subordinados inmediatos y hasta de los secretarios privados, jardineros y cuanto mandadero los rodeó. En esa época la lealtad -traducida en silencio ante las tropelías de los «jefes»- estab muy bien recompensada.

Vimos filmaciones de jóvenes contando millones de dólares cuya procedencia no era explicada y que se esfumaban ante nuestro ojos

Vimos filmaciones de jóvenes contando millones de dólares cuya procedencia no era explicada y que se esfumaban ante nuestros ojos, escuchando como única explicación: «son jóvenes contando dinero». Nos reprodujeron hasta el cansancio la imagen de un encumbrado funcionario, José López, intentando arrojar en un falso convento, bolsones con millones de dólares en su interior.

Conocimos que una empresa constituida pocos días antes de que Néstor Kirchner accediera a la presidencia, por Lázaro Báez, quien fuera el cajero del Banco de Santa Cruz, pese a carecer de antecedentes en obras públicas se convirtió, primero, en el casi monopólico ganador de todas las licitaciones y poco después, en propietario de miles de hectáreas en la Patagonia –y otras propiedades en diferentes ciudades- y de más de mil rodados, maquinarias viales y todos los etcéteras que queramos enumerar.

También descubrimos que sus obras no avanzaban, pero que los dineros públicos le seguían siendo transferidos con premura desconocida hasta entonces. Que en el 2015 , al perder las elecciones su hada protectora, «ella», la empresa se desgranó y quebró.

El murmullo ya era grito cuando en el 2008 Elisa Carrió – dirigente política opositora, radicó la denuncia que ha culminado con la sentencia condenatoria para la ex presidente y varios de los personajes de su entorno.

Si algo debemos reconocerles a los ahora condenados, es que no han sido discretos para robar ,ni en las cantidades ni en el modo

Nuestra única respuesta ante lo que veíamos y escuchábamos, fue el silencio y no podemos decir que callamos porque no sabíamos, porque si algo debemos reconocerles a los ahora condenados, es que no han sido discretos para robar, ni en las cantidades ni en el modo.

Ese silencio se convirtió en ansiedad y exigencia para quienes deben valorar las prueba que se fueron desgranando en estos largos años de juicio. Aunque nada hicimos, ahora reclamamos con vehemencia y nos quejamos por algunos detalles con los que no acordamos de los que sí hicieron, investigaron y juzgaron.

El proceso –es justo reconocerlo– tuvo un curso «irregular», se movía a paso cansino durante los primeros años, justamente en el tiempo en que la prueba hubiera resultado más sencilla de reconstruir y recién tomó un ritmo aceptable cuando la principal imputada, Cristina Fernández, perdió su trono en la casa rosada. Llegó a juicio y comenzaron sus audiencias justamente cuando nuevamente recobraron el poder quienes se encontraban en el banquillo de los acusados.

Incidentes, recusaciones, impugnaciones, exigencias probatorias que sólo pretendían que resultara imposible continuar con las audiencias desde el ámbito de lo jurídico, pero también actuaron en todos los frentes en los que creyeron que podrían torcer el camino a una condena que sabían segura.

Intentaron modificar las reglas de juego, separar al Fiscal General interino para poner a quien diera la orden a los representantes de este ministerio, que congelaran las imputaciones –lo lograron con los querellantes– sacara a los jueces hostiles a sus pedidos; amenazar a quienes debían juzgarlos o instigar públicamente con puebladas o la paralización del país si la «tocaban» a Cristina.

El gobierno en pleno, estuvo sujeto al juego de lograr la impunidad de la lideresa, sin importar la gravedad de los problemas sociales y económicos que el país atravesaba

El gobierno en pleno, estuvo sujeto al juego de lograr la impunidad de la lideresa, sin importar la gravedad de los problemas sociales y económicos que el país atravesaba. El objetivo único convocante, era el de lograr la impunidad de los que fueron descubiertos robando los bienes de todos los ciudadanos.

El objetivo era la impunidad y no se midieron costos para intentar lograrla. En la mayor parte de los casos nos hicieron accionistas involuntarios de esa empresa perdidosa. Todo giraba, en el Ejecutivo y en el Legislativo, en torno a la liberación de quien era cautiva de la ley y de las pruebas.

Muda

Nunca, ni la defensa técnica ni la material que personalmente realizó en múltiples oportunidades la imputada, contestaron uno solo de los interrogantes que surgían de los repentinos enriquecimientos, de las obras sin hacer pero íntegramente pagadas, de la prueba que los señalaba en cada testimonio, en cada documento, en cada pericia.

Se colocaron un chaleco que decía «law fare» creyendo que impediría que los alcancen las «balas» de la justicia, pero no resultó eficaz porque la pólvora de esas municiones era tres toneladas de pruebas

Se colocaron un chaleco que decía «law fare» creyendo que impediría que los alcancen las «balas» de la justicia, pero, no resultó eficaz, porque la pólvora de esas municiones era tres toneladas de prueba que con paciencia de monje, la Fiscalía ordenó y explicó en las miles de horas de audiencia.

Creyeron que en lugar de un juicio era un espectáculo donde lo que importa es el desarrollo y no el fin. Por eso, cuando vieron que éste se acercaba, la desesperación los delató. Las máscaras se cayeron y la verdad reinó en el escenario.

En la voz de uno de los miembros del tribunal, Jorge Gorini, se escuchó «condenar», «inhabilitar», «decomisar». Palabras previsible para quienes hubiera seguido el desarrollo del proceso, pero imposibles de escuchar para aquella y aquellos que piensan que el poder es impunidad. Y ella, estaba en el poder.

¿Qué dice esa resolución cuyos fundamentos se leerán el 9 de marzo?

Que luego de deliberar sobre la valoración de la prueba tienen la certeza de que las tramitaciones y licitaciones ejecutadas con el aparente objetivo de que se realicen 51 obras viales (rutas nacionales y provinciales) en la provincia de Santa Cruz, entre el 2003 y el 2015, fueron el disfraz de legalidad con el que se apoderaron de millonarios montos de dineros públicos.

Aclararon que no juzgaron –no corresponde porque se trata de decisiones políticas no judiciables– ni la oportunidad, ni el mérito o conveniencia de las obras que utilizaron como excusa para la defraudación, sino tan solo a la forma en la que se ejecutaron esas decisiones.

Se acreditó la sistemática adjudicación de las obras al grupo de empresas vinculadas con Lázaro Antonio Báez, el crecimiento económico exponencial de las mismas que detrás de una apariencia de licitud, no solo concedieron la mayoría de la obra a empresas que no estaban en condiciones de hacerlas, sino que no controlaron su ejecución pese a lo cual le otorgaron canales exclusivos y privilegiados de cobro, adelantos financieros permanentes y pagos anticipados de certificados de obra.

«Pudieron acreditar la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la Administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado».

Se acreditó que Cristina Fernández de Kirchner, -por entonces presidente de la nación- obtuvo beneficios económicos producto del delito

Con legalidad aparente, aseguraron sus ilegítimos beneficios, lograron instaurar un circuito aceitado de irregularidades. Se acreditó que Cristina Fernández de Kirchner, –por entonces presidente de la nación– obtuvo beneficios económicos producto del delito y desoyó la alarmas que desde casi el inicio de su sociedad con Báez se hacían oír en el ámbito administrativo, judicial y mediático. Se acreditaron sobreprecios en las obras y su no realización o terminación.

«La sentencia condenatoria estaba escrita», según la vicepresidente a causa de la aviesa conspiración de magistrados, medios de comunicación y corporaciones económicas que la quieren «presa o muerta». En la primera parte de su frase tiene razón, «la sentencia estaba escrita», pero sus frases se fueron imprimiendo en cada audiencia como conclusión de la prueba que demostraba lo hecho por cada uno de los condenados.

Se vaciaron las arcas estatales para engrosar ilícitamente los bolsillos de algunos elegidos

Las licitaciones en crisis no fueron malas decisiones administrativas, sino que pudo acreditarse que se trató de «puestas en escena» para simular una competencia inexistente en la que previamente se había decidido quien la ganaría (las empresas de Báez creadas a ese efecto); cuánto se cobraría como sobreprecio para que pudieran pagarse los «retornos» (coimas); cómo se cobraría lo pactado aunque el Estado no estuviera cumpliendo con sus pagos en el resto de sus deudas; la «omisión» de controlar el avance de la obra para poder pagar los certificados sin que se haya realizado la tarea... Era una defraudación –o varias, ese es el debate– en la que simulando contrataciones lícitas se vaciaron las arcas estatales para engrosar ilícitamente los bolsillos de algunos elegidos.

Asociación ilícita

La discusión, que no se zanjó con el veredicto, ya que uno de los magistrados en minoría –el doctor Baso– sostuvo que se acreditó la existencia de una asociación ilícita mientras que la mayoría entendió que no porque no se acreditó que existiera multiplicidad de planes delictivos como exige el legislador para hablar de ese delito, sino que toda la maniobra fue una sola decisión criminal que se ejecutó en varios tramos, concluyendo en consecuencia que no hubo multiplicidad de decisiones delictivas.

Ese debate, pluralidad de planes delictivos o no, quedó flotando en el aire y definiendo una clara disminución en el monto de la pena impuesta en relación con aquella que la fiscalía había requerido. No sólo determinó que en este punto la decisión fuera solo por mayoría, sino que, la opinión pública –silenciosa durante los años del desfalco– ahora gritaba por esa falta de sanción al delito que con prudencia la mayoría entendió que no estaba suficientemente acreditado, por lo que absolvió en razón de esa duda.

Hubo una gran defraudación, una única decisión criminal que se cumplió en 51 tramos -uno para cada fingida licitación- o hubo 51 acuerdos delictuales consumados

Sutilezas dogmáticas que puede decidirnos a apoyar una u otra postura. Hubo una gran defraudación, una única decisión criminal que se cumplió en 51 tramos –uno para cada fingida licitación–, o hubo 51 acuerdos delictuales consumados, lo que configuraría además de la defraudación por la que se los condena, una connivencia que articuló una asociación ilícita permanente, con la finalidad de cometer delitos indeterminados –exigencia legal cuya acreditación discuten las posiciones divergentes– por los que el veredicto los absuelve.

Se perjudicó por muchos millones de dólares las arcas estatales en beneficio de algunos de los imputados

Lo cierto y quedó plasmado en la decisión es que se perjudicó por muchos millones de dólares las arcas estatales en beneficio de algunos de los imputados, incumpliendo los funcionarios públicos con su rol de garantes y omitiendo cumplir con su deber de cuidado sino que, por el contrario, colaboraron desde sus diferentes roles con el desfalco.

La imputada pretendió defenderse sin contestar los interrogantes que su actuación generó y concluyó que a ella sólo la juzgaría el inapelable tribunal de la historia, pero, cuando debió bajar un escalón en el altar que pretendió construir con mística, intentó, lo legal y lo no tanto, para impedir que el verdadero tribunal constituido por los jueces que estaban frente a ella no pudieran emitir su fallo. Fracasó.

Los magistrado no pretendieron juzgar el formidable gobierno de Cristina Kirchner, ni condenarla por la felicidad que le dio a los pobres y a los jubilados, sólo la condenó por lo que les robó a aquellos a quienes dijo amparar

Los magistrados no pretendieron juzgar su formidable gobierno, ni condenarla por la felicidad que le dio a los pobres y a los jubilados, sólo la condenó por lo que les robó a aquellos a quienes dijo amparar.

Los votos, como pretende, no están previstos como causa de excusación en nuestra legislación punitiva por lo que el colectivo social al que acude para respaldar su conducta no puede indultarla. Ni siquiera el pueblo como colectivo puede estar por sobre las instituciones.

La inhabilitación no es proscripción como pretende, sino cumplimiento de la manda constitucional que equipara su delito a la traición a la patria

La vicepresidente fue constituyente en el año 1994 cuando se reformó nuestra Constitución, por lo tanto, no puede ignorar que el art. 36 dice: «….quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve a enriquecimiento público…» atenta contra el sistema democrático y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos. La inhabilitación no es proscripción como pretende, sino cumplimiento de la manda constitucional que equipara su delito a la traición a la patria.

Su catarsis luego de leído el veredicto, es una nueva muestra de la confusión que tiene entre lo público y lo privado, no sólo porque se trató de un berrinche más propio del ámbito familiar que de la escena pública, sino que lo hizo desde su despacho en el Senado utilizando para su lamento personal, los bienes del Estado.

El «mecanismo» de la corrupción quedó al descubierto y la exigencia fiscal . "Corrupción o justicia” obligó a que se decidiera y los jueces aceptaron el duelo y triunfó la justicia

El «mecanismo» de la corrupción quedó al descubierto y la exigencia fiscal. «Corrupción o justicia» obligó a que se decidiera y los jueces aceptaron el duelo y triunfó la justicia.

Seguramente la señora Kirchner sintió la condena como un fusilamiento pero debería estar tranquila porque lo único que cayó al suelo tras los disparos del proceso, fue su impunidad no su identidad.

La sentencia será recurrida porque los defensores –con poca rigurosidad técnica– intentarán poner en crisis las pruebas que demuestran la defraudación y la fiscalía –porque los querellantes– Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera, prefirieron actuar en consonancia con el actual poder político y no acusar. Irán al Tribunal de Casación porque entienden que debe condenárselos también por asociación ilícita.

La ideología no borra las pruebas. No esgrimieron un solo contra indicio que nos hiciera duda de lo acreditado

Cualquiera sea la suerte de ese recurso, no queda duda con lo acreditado en las audiencias que la palabra «condenar» era el único verbo que podía calificar el accionar de los imputados. La ideología no borra las pruebas. No esgrimieron un solo contra indicio que nos hiciera duda de lo acreditado.

Al no poder subordinar la ley a su voluntad, el problema lo adjudican a quienes han investigado y a quienes deben juzgar lo hecho y no, en los crímenes cometidos. Cuando organizaron un estado cleptocrático entendieron que con tanto poder y dinero acumulado la impunidad estaba garantizada.

Pero lo dijo ya Luis Rappaport por lo que no pretendo ser original: «Como se procesan los crímenes del pasado indican como se construirá el futuro»

• Marta Nercellas es abogada argentina, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico, columnista y profesora