El Perú en tiempos de la «Demodesgracia»

Intento de golpe de Estado, una presidenta sin poder que no ahorra en acuerdos políticos ni en el exceso de represión para perpetuarse y un Congreso que obstruye cuando no destruye. Así se cuece la grave crisis que atraviesa el Perú, a la que le cuesta encontrar una salida, como también le resulta muy trabajoso encontrar su origen, el comienzo exacto de tanto descalabro institucional.

Unos podrían comenzar esa historia el pasado 7 de diciembre, cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, intentó cerrar el Congreso y terminó destituido e investigado y en prisión hasta nuevo aviso. Otros, sin embargo, podrían establecer el año cero de la era de la crisis, en el 2018, cuando el economista Pedro Pablo Kuczynski, fue eyectado de la presidencia por el Congreso acusado de corrupción.

Ambas hipótesis pueden llegar a ser correctas, pero toda historia tiene sus antecedentes y hasta su prehistoria. En ese caso alcanza con encontrar en marzo de 1992, la literatura pertinente a la que había acudido Castillo para inmolarse políticamente. Fue cuando su hoy compañero de prisión, Alberto Fujimori (1990-2000), había cerrado el Congreso para proyectar una perpetuación que fracasó al comenzar el siglo luego de unas elecciones fraudulentas y su posterior fuga del país.

Lo que vino después en el país andino fue una sucesión de gobiernos liderados por distintos outsiders llegados desde la economía o las Fuerzas Armadas, tales los casos de Alejandro Toledo (2001-2006), el propio Kuczynski (2016-2018) u Ollanta Humala (2011-2016) y, tal vez el último político de la «vieja escuela», Alan García (2006-2011).

Todos, sin excepción, terminaron procesados por corrupción. Con lo cual, no es muy difícil de vislumbrar que la caótica crisis que tiene en jaque al país desde hace más de un mes, se venía incubando desde entonces en la degradación constante y paulatina de la acción política, blindada por una economía que desde el 2001, no dejó de crecer año a año.

Incluso ahora, con la parálisis de distintas actividades económicas como el agro y la minería −principalmente en el sur del país−, el Banco Mundial prevé para el 2023 un leve retroceso del PIB peruano y lo ubica en 3.2 %. Un rasgo, el de la economía peruana, digno de estudio si se lo compara con sus vecinos regionales.

Desde la caída de Castillo (el último outsider en ocupar el Palacio de Pizarro) la crisis fue escalando de tal manera, que ya se cobró la vida de 48 personas. Todas en los distintos disturbios desatados en provincias como Andahuaylas, Puno, Juliaca y recientemente en Cusco.

Su sucesora, Dina Boluarte, lejos de encontrarle la vuelta al asunto, tardó lo que un helado en la puerta de una escuela en caer en las manos de la Fiscalía que viene de abrirle esta semana una bizarra investigación por «Genocidio(sic) y homicidio (culposo en el mejor de los casos)». Y es que la carátula del expediente judicial ya levanta sospechas entre varios observadores y analistas locales, por el temor de que, desde el arranque, todo el trámite judicial caiga en «saco roto», por mala praxis desde el objeto de la investigación.

Y si buena parte de la democracia en el Perú se remonta a al final del fujimorismo, cabe recordar que de aquel gobierno autoritario los peruanos salieron con una suerte de Frente Democrático, confeccionado en la acción, que en cada elección a lo lardo de todos estos años había logrado frenar la resurrección de la familia Fujimori al poder.

Con el correr de los gobiernos, escándalos y Lava Jato, mediante, ese frente se fue resquebrajando. Se fraccionó en tantas partes que terminó con lo justo, logrando que Castillo –lego absoluto en todo lo que fuese política y cuestiones de Estado–, impidiera lo que parecía imposible en aquel 2021: bloquear la llegada del Fujimori II, de la mano de su hija Keiko.

El maestro rural llegó, apoyado por un par de agrupaciones de izquierda, como la del exgobernador de Junín Vladimir Cerrón, quienes lo dejaron en la soledad más espantosa una vez que acomodaron sus intereses. Lo que vino después, fue la letra de una crónica anunciada. Los que creyeron estar ante la esperanza campesina en el poder, se convencieron rápidamente que Evo Morales era imposible de clonar y que Lula no habla Aymara sino portugués, mientras que para los analistas nada de cómo Castillo terminó su aventura presidencial, los pudo haber tomado por sorpresa.

Ahora Boluarte, una abogada que había hecho carrera en el registro civil y de escasa militancia política, es la que esta en su lugar y la que tiene que lidiar con un Congreso, donde se reúnen todas las expresiones del descalabro.

En un principio, las protestas constantes en el sur del país, habían comenzado reclamando la libertad de Castillo y su restablecimiento en el cargo. Con el correr de los días, la suerte de Castillo parece pasar a segundo orden. Son pocos los que se preguntan si Castillo juega al dominó con Fujimori en el penal de Barbadillo o si se niegan en el saludo de celda a celda.

Las protestas fueron sumando demandas: el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones junto a otras demandas sociales y económicas. Principalmente en esa región, habitada por una gran masa de ese 30 por ciento de habitantes que en todo el país viven bajo la línea de pobreza.

La respuesta hasta ahora fue represión y más represión y el intento desesperado de Boluarte por aferrarse al poder.

Un sueño casi imposible de cumplir a juzgar por la cantidad de víctimas y porque se transformó en una rehén de ese parlamento donde están representados todos los intereses, hasta los más inconfesables al decir del sociólogo Francisco Durand.

De ahí que la analista Rosa María Palacios se pregunte «¿Qué espera el primer ministro (Alberto) Otalora para renunciar) si a Manuel Merino (ex presidente por una semana en el 2020), con dos muertos en las protestas le costó el cargo, ¿Qué pasa con Otalora que ya tiene 47?»

Mientras Jennie Dador, de la secretaría General Coordinadora Nacional de Derechos Humanos los organismos de derechos humanos, calificó lo de Jualiaca como «una masacre» y distintos gobiernos a través de sus embajadas le reclaman al gobierno que cese la represión.

La respuesta a la pregunta de Palacios parece estar en los acuerdos que la presidenta cerró con el Congreso, que al decir del historiador Nelson Manrique «terminó como una rehén de la derecha más cavernaria y tiene un porvenir oscuro porque carga con más de 40 muertos…».

La Asamblea de Gobernadores Regionales, pareció hacerse eco de ese 62 por ciento de los peruanos que en las encuestas aparecen reclamando nuevas elecciones presidenciales, al emitir un comunicado en el que observa ese camino como única solución para pacificar el país, junto a la elección de todo el parlamento.

El galimatías es tal que no son pocos los que piden la renuncia de Boluarte y la llegada de una suerte de Valentín Paniagua, el recordado presidente interino que llevó al país a la transición en el 2001, pero que en opinión del propio Manrique «no veo a ningún dirigente que suscita la simpatía y el entusiasmo y la fe para pensar en eso».

Razones no faltan para que lo asalte el pesimismo. Sólo basta asistir a una sesión del Congreso, confirmar las sospechas de Carlos Basombrío, experto en seguridad y analista, en cuanto a que las protestas podrían estar agitadas por cuadros militares, observar la carátula de la fiscal Patricia Benavides o ver en acción a Boluarte como antes a Castillo para arriesgarse a creer que en el Perú, la democracia –debilitada en varios países sudamericanos– se ha convertido en una Demodesgracia.

• José Vales es escritor y periodista argentino