La corrupción y las pugnas internas debilitan el Gobierno de Maduro, mientras la oposición avanza

Recientemente, 33 exfuncionarios, contratistas y asesores de la Agencia Estatal de Infraestructura de Colombia acaban de ser acusados penalmente por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación conducida por este ente, que involucra a la constructora brasileña Odebrecht con contratos de obras públicas adjudicadas después de licitaciones públicas fraudulentas que involucran a Venezuela.

El caso no es nuevo y data de una buena cantidad de años, pero en la mayor parte de los países los delitos contra el ente pública no están sujetos a prescripción.

De hecho, la empresa había admitido en el año 2017 su actuación a través de sobornos para amañar contrataciones públicas en unos cuantos países de la subregión y algunos de sus funcionarios declararon haber contribuido a las campañas electorales de Santos en Colombia, y de Chávez y Maduro en Venezuela.

El Departamento de Justicia norteamericano fue el que determinó que habían sido pagados irregularmente, durante dos décadas, cerca de 800 millones de dólares en sobornos y comisiones en 14 países –11 de ellos latinoamericanos– y, tras intensas pesquisas y negociaciones, lograron que la empresa acordara con algunos países, pero no con Venezuela, distintas formas de compensación y consiguieron que la misma se adhiriera a las normas internacionales imperantes en materia de corrupción.

En el mismo acto la Fiscalía también acusó de lavado de dinero y asociación ilícita a más de 25 ex altos ejecutivos de Odebrecht en Brasil, así como a contratistas y cabilderos que participaron en estas adjudicaciones.

Este esquema de corrupción de la Constructora Norberto Odebrecht S.A. en Venezuela, no difiere mucho del aplicado en otros países de América Latina. Sin embargo, hay una característica que pone a nuestro país en evidente desventaja frente a sus pares de la región: los retrasos en los tiempos de entrega de los proyectos.

Odebrecht reconoce que dejó sin concluir 11 proyectos, aunque la información disponible indica que fueron 29, entre los cuales se encuentran grandes obras como: la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma), el Puente Cacique Nigale (el segundo sobre el Lago de Maracaibo), la Empresa Integral de Producción Agraria Socialista José Ignacio de Abreu E Lima S.A. y el Metro Caracas-Guarenas-Guatire. Estas obras, son parte de las 14 que fueron pagadas, pero no concluidas, por las cuales se desembolsó la suma de 34.115 millones de dólares.

En diciembre de 2016, Odebrecht y su filial en el sector petroquímico, Braskem, admitieron ante la Corte del Distrito Este del estado de Nueva York, en Estados Unidos, haber pagado comisiones y sobornos en Venezuela por 98 millones de dólares, el segundo país con el número más elevado después de Brasil, y por lo cual el inefable Luiz Inácio «Lula» da Silva, ahora presidente, fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

No pasemos por alto los privilegios de los grupos narcotraficantes

Pero no podemos dejar de mencionar los escándalos previos; del Plan Bolívar 2000 y sus 140 millones de dólares gastados; de la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI, 2003-2014) y sus 220 mil millones estafados; de la PDVSA de Rafael Ramírez con sus 50 mil millones; de la PDVSA de El Aisamí con más de 100 mil millones birlados a la nación, de la importación de alimentos de PDVAL cuyo monto se desconoce; de las cuentas bancarias de Andorra y Suiza (1.500 millones), lo del Arco Minero del Orinoco, de los casos del financiamiento al partido Podemos de España (19 millones de Euros), al exembajador español, Moroto (4,5 millones de euros) y al expresidente Rodríguez Zapatero (1,5 millones y la propiedad de una mina de «oro de sangre»), solo para citar los más conocidos y que juntos, le han costado al país poco más de 600 mil millones de dólares en los últimos 20 años.

No pasemos por alto los privilegios de los grupos narcotraficantes, que son muchos, y la trama de corrupción conformada por miles de pequeños grupos cívico-militares empoderados, dotados de cierta impunidad para robar, que se ha ido independizando de la política y ahora solo velan por sus propios intereses económicos.

Para completar el cuadro de debilitamiento progresivo del gobierno, faltaría agregar las pugnas internas por el control del poder político, que están siendo protagonizadas por los grupos liderados por el Sr. Cabello, el presidente Maduro y su esposa, los hermanos Rodríguez, el General Padrino, y más recientemente, el de Tareck El Aisamí, solo para citar los conocidos.

Así que la situación de debilidad política del gobierno que ha sido expuesta a la vista pública, es el resultado de una guerra inevitable entre pandillas que quieren intervenir en el territorio de otro, apropiarse de su negocio o defender el suyo, pero también de una guerra interna por controlar el poder.

La oposición sigue avanzando «a paso de vencedores»

Como vemos, el entramado de corrupción y las pugnas por el poder entre grupos, tiene efectos políticamente debilitadores, tanto a nivel nacional (el descontento y la reducción de su capital social cuya intención de voto apenas supera el 10 %) como internacional (la pérdida creciente de credibilidad).

Mientras tanto, la oposición sigue avanzando «a paso de vencedores».