Un radar fijo de velocidad puede convertirse en un negocio muy rentable
Sanciones
Mercenarios de la DGT: cuando ponerte una multa se convierte en un negocio
Las multas se han convertido en un negocio muy rentable para decenas de ayuntamientos y de empresas privadas especializadas en sancionar
El caso del pueblo de Cazalegas sacó a la luz pública la existencia de las empresas cazamultas. En España hay actualmente cientos de ayuntamientos que externalizan los servicios de tráfico a este tipo de empresas privadas, que ponen a su servicio radares y sistemas para la detección de infracciones a cambio de una contraprestación económica.
Son empresas como Vialine, que ofrece la posibilidad de instalar dentro del municipio un radar para medir los excesos de velocidad y multar a los conductores infractores.
Pero su labor no termina ahí, pues ante la imposibilidad de los ayuntamientos para perseguir a los infractores y gestionar el cobro de las multas, son estas propias empresas las que inician el procedimiento judicial para el cobro de las mismas, todo ello de manera particular.
La firma del alcalde
Conviene matizar que la gestión del tráfico en los municipios corre por cuenta de los ayuntamientos por delegación de la DGT, que se encarga únicamente de establecer el marco legal que les permite regular el tráfico y poner multas a los infractores.
Pese a que a priori estas empresas no están capacitadas para multar o perseguir a los infractores, lo hacen en nombre del alcalde del municipio, cuya acción en el proceso se limita a firmar las sanciones para darles respaldo legal. Un negocio redondo para ambos.
Cámara privada instalada en Torremocha del Jarama. Decenas de multas a diario
Pero sus servicios van más allá de los propios radares de velocidad, pues también alquilan sistemas que multan en semáforos a los conductores que se lo saltan en rojo o en calles de un solo sentido para identificar a los que circulan en sentido contrario.
Un negocio habitual
Ayuntamientos como Navacerrada, Punta Umbría o Torremocha del Jarama han recurrido a sus servicios. En el caso del pueblo madrileño de Torremocha se trata de una cámara fija que multa a todos los coches que evitan una polémica rotonda que hay en el centro del pueblo y en la que circulan en sentido contrario. Una multa que en este caso es de 200 euros con posibilidad de reducción a 100 euros por pronto pago.
El famoso radar móvil privado de Cazalegas, dentro del coche
El acuerdo entre la empresa y el ayuntamiento les permite beneficiarse a ambos, en el caso más básico, un simple radar de velocidad, el beneficio para la empresa privada es un porcentaje del 50 % sobre cada multa, mientras que el otro 50 % va a las arcas municipales.
Beneficios compartidos
Un sistema que asegura una importante cantidad de ingresos mensuales para los consistorios y por los que no tienen que pagar nada.
En otro casos en los que se incluyen más métodos de control los ayuntamientos llegan a pagar cantidades anuales a la empresa para la puesta en funcionamiento del servicio, dinero que queda sobradamente recuperado vía multas.
En muchos casos se trata de acuerdos y contratos privados menores de 15.000 euros de los que los ayuntamientos no están obligados a informar ni a licitar, favorecidos por un vacío legal en el que todos ganan menos los conductores, pues normalmente este tipo de sistemas de control se colocan en lugares clave estudiados a priori para multar al mayor número de personas cada día.