Este es el precio de los peajes de carretera que tiene preparados el Gobierno si gana las elecciones

Tal y como anunció Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno tenía preparado ya en 2021 un sistema de tarificación y pago por el uso de carreteras al que evitó en todo momento llamar peaje.

Los últimos años han caducado numerosos tramos de autopista que eran de peaje y han pasado a ser gratuitos, por lo que el Gobierno vio en ello la ocasión perfecta para lograr unos ingresos extras con los que sufragar el mantenimiento de las carreteras.

Sin mantenimiento

Tal y como denuncian tanto asociaciones de la carretera como la propia Guardia Civil de Tráfico, hace ya años que el mantenimiento de las carreteras es deficiente, pues se retiraron numerosos fondos destinados a ello hace con motivo de la crisis y nunca se han devuelto.

De acuerdo con la Asociación Española de la Carretera habría que invertir una media de 1.800 millones de euros al año durante la próxima década para ponerlas al año y ofrecer así la seguridad necesaria a los conductores. En total una inversión superior a los 15.000 euros.

A la espera de activación

Tal y como hizo público la ministra en 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene ya plenamente organizado el modelo de pago por uso, que anticipa un coste entre uno y siete céntimos de euro por kilómetro de autopista recorrido.

En este caso las cuentas son de lo más sencillas, un Madrid- Barcelona (625 kilómetros) costará entre seis y 42 euros, en función del tramo de tarificación aplicado.

Se trata de un sistema de tarificación dinámico, lo que significa que en un mismo tramos el importe del uso puede variar en función de la hora que lo hagamos así como del tipo de vehículo que conduzcamos, y contempla descuentos por utilización habitual en caso de residir en las proximidades o de transportistas que repiten una ruta con frecuencia.

En 2022, a raíz de las dificultades económicas y energéticas derivadas de la guerra de Ucrania, el Gobierno decidió retrasar su aplicación, prevista inicialmente para 2023.

Al tratarse de una medida muy impopular electoralmente hablando, la fecha definitiva de su puesta en funcionamiento sería en 2024 una vez pasados los comicios, inicialmente previstos para diciembre.