Esto es lo que nos va a costar a los españoles que no haya peajes en las carreteras

El pasado dos de octubre el Gobierno de Pedro Sánchez llegaba a un acuerdo con la UE para la eliminación de los peajes del compromiso que había adquirido el Ejecutivo con Bruselas para su implantación en 2023. El acuerdo había sido firmado en 2021 y en el mismo el ejecutivo se comprometía a poner en funcionamiento un sistema de pago por uso universal en las autopistas y autovías nacionales.

Lo pagaremos...

El Ejecutivo llegó a hablar de un precio entre uno y siete céntimos por kilómetro, con una tarifa dinámica que variaría en función de elementos como la hora o el volumen de tráfico.

Todo ello sin dejar de lado la intervención de Pere Navarro, director general de la DGT, en plena campaña electoral confirmando la implantación de los peajes en 2024 independientemente del color del gobierno que saliera de las elecciones.

Pero la admisión por parte de Bruselas de la adenda, documento de corrección al original, presentada por España no ha sido gratuita, pese a que el Gobierno se haya centrado en la potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril como compensación, la realidad es que el compromiso del Gobierno español va mucho más allá, y hace referencia al régimen de comercio de derechos de emisiones.

Derechos de emisiones

Se trata de un acuerdo que data de hace más de dos décadas entre miembros de las UE que se va actualizando periódicamente y que establece una serie de limitaciones a las emisiones de carbono y de los gases de efecto invernadero.

En este caso cada país tiene un cupo de emisiones anuales que puede llegar a aumentar comprando derechos de emisiones en el mercado internacional de emisiones o vendiendo sus propios derechos.

Posteriormente cada país controla las emisiones de determinadas empresas propias, más de 10.000 en España incluidas dos compañías aéreas.

El compromiso de España se vincula a una reducción de los derechos de emisiones, algo que se entiende mucho mejor si lo traducimos en que si un país supera su límite, tiene que pagar contraprestaciones económicas que también pueden suponer la no recepción de ayudas que van destinadas a determinadas industrias.

En este caso las empresas más contaminantes podrían llegar a tener que pagar en caso de superar los límites de emisiones asignados, algo que ahora será más que probable si tenemos en cuenta la reducción de emisiones a las que se ha comprometido España.

Si tu vivienda contamina, pagas

Una medida que va aún mucho más allá de lo previsible si tenemos en cuenta que va a afecta al transporte por carretera, lo que significa que las empresas que no utilicen el transporte ferroviario y opten por el transporte tradicional en camión van a estar grabadas por las emisiones que generen.

Exactamente lo mismo que va a ocurrir con las empresas de transporte y transportistas en general, que van a tener que hacer frente al pago por sus emisiones bajo el criterio de quien contamina paga.

Pero el pago por emisiones afectará también a las viviendas particulares que emitan estos gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que si una vivienda consume excesiva energía eléctrica que no viene de fuentes renovables tendrá que abonar un canon extra por su utilización.

Llegados a este punto es cierto que desaparece el concepto de peajes de carretera y pago por su uso, pero todo apuntaría a que el pago recaerá sobre empresas, transportistas y ciudadanos que no dispongan de fuentes de energía renovables y deban pagar por las emisiones de su vivienda derivadas del consumo de energía.

En este caso hablamos de una partida que deberá ser equivalente a los 9.000 millones euros que se esperaba recaudar con los peajes de carretera.