Emisiones
El Gobierno confirma el fin de uno de los combustibles más usados en España
Durante la Cumbre del Clima de Dubai, la ministra Teresa Ribera confirma que España se ha adherido a un pacto que incluye el fin de las ayudas a este combustible, lo que significa su fin
En el marco de la Cumbre del Clima de Dubai representantes de casi 200 países, entidades soberanas y organizaciones regionales, discuten cada año sobre el futuro climático del mundo y las soluciones energéticas compatibles con la supervivencia del planeta. Por allí han pasado desde el rey de Inglaterra, Carlos III, hasta el propio Pedro Sánchez o el presidente de Brasil Lula da Silva, aunque esta edición se ha echado en falta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
De quijotes
En este contexto la propia Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicaba recientemente en las redes sociales del ministerio que España era uno de los 11 países que se sumaba a la eliminación a las subvenciones a los combustibles fósiles junto a Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos.
Una noticia que supone la eliminación de las ayudas públicas a cualquier tipo de combustible con origen fósil antes de 2030, básicamente la gasolina, el carbón, el gas y el gasóleo (A, B y C).
Una declaración de intenciones con unas consecuencias difíciles de predecir en el caso concreto de España.
Las consecuencias
De todos los países firmantes del acuerdo, España es uno de los que mayor dependencia tienen de lo que es conocido como el sector primario, agricultura y pesca entre otros, una noticia que ha sentado como un verdadero jarro de agua fría en ambos colectivos.
La eliminación de las subvenciones a los combustibles significa acabar con el gasóleo B, popularmente conocido como el gasóleo agrícola, un combustible que cuesta 30 céntimos menos por litro al estar subvencionado. Los usuarios autorizados reciben además devoluciones parciales de impuestos en función de la cantidad fijada anualmente, que puede ser de 20 o 30 céntimos por litro.
Se trata de uno de los salvavidas en materia de costes al que se aferran ambos colectivos, especialmente perjudicados por cualquier variación en el precio de los carburantes.
Industria estratégica
Actualmente ambos sectores emplean a más de 800.000 personas de forma directa en España, lo que ha hecho arder las redes sociales ante el incierto panorama que provocaría el fin de estas ayudas de un sector que es sencillamente imposible que se electrifique en materia de maquinaria agrícola.
A día de hoy en España se consumen más de 4,6 millones de toneladas de este combustible, que como hemos dicho es de uso exclusivo de estos colectivos, que deben abonar siempre su adquisición con una tarjeta de combustible bonificado. La sanción por su utilización ilegal es de 12.000 euros.