El alcalde que se niega a prohibir circular a los coches sin etiqueta: «Es un disparate»

Cada vez más conductores, asociaciones y entidades se llevan las manos a la cabeza ante el disparate de las Zonas de Bajas Emisiones, un sistema que va a prohibir circular en los próximos años a más de 26 millones de vehículos solo en España.

En concreto hablamos de los 18 millones de coches sin etiqueta que circulan hoy en el territorio nacional, a los que habría que sumar algo más adelante los 8 millones de vehículos con etiqueta B.

26 millones de coches en el aire

En este caso hay que tener en cuenta que comunidades autónomas como Cataluña han decidido legislar para todos sus núcleos urbanos, decidiendo que allí las ZBE afectarán a todos los municipios de más de 20.000 habitantes (50.000 en el resto de España) y que los coches sin etiqueta y los etiqueta B dejarán de circular en 2028.

La realidad es que las Zonas de Bajas Emisiones han caído como un jarro de agua fría en la mayor parte de ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, de hecho estas zonas deberían estar en activo desde enero de 2023 en 150 núcleos urbanos, pero la tasa de aplicación no llega ni a un 20 % de las mismas.

Sólo Madrid y Barcelona cumplen al pie de la letra la Ley 7/2021 de 20 mayo de cambio climático y transición energética, pues la mayor parte de las ciudades han llevado a cabo algunos trucos como por ejemplo alejar las zonas de bajas emisiones del centro e incluso llevársela a zonas peatonales y poco transitadas o directamente a un parque.

En este caso el único responsable de la aplicación de las ZBE y las limitaciones a la circulación son los alcaldea, pues se trata de una decisión que el ejecutivo dejó en mano de las ordenanzas municipales, un verdadero disparate si tenemos en cuenta que esto va a provocar la existencia de hasta 150 normativas diferentes.

Un alcalde del PP

En este caso el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha hablado muy claro en redes sociales calificando la medida de una «barbaridad y un disparate» y ha prometo abrir una batalla legal contra el decreto catalán que obliga a todos los municipios a hacer un todos a una y poner en funcionamiento este tipo de áreas.

Hay que tener en cuenta que a día de hoy no existe el menor método coercitivo por parte de la administración central para obligar a poner en marcha las ZBE, de hecho la única consecuencia en caso de que en 2027 la calidad del aire de esa ciudad no sea buena sería la retirada de determinadas ayudas del plan europeo Next Generation para la reindustrialización después de la COVID.