Práctico
La ciudad española que no deja aparcar a los conductores que no residen en ella
Los problemas de aparcamiento han traído soluciones de lo más variopintas a numerosas localidades españolas, aunque esta es quizá una de las más polémicas
No se sabe muy bien si es fruto del verano, de las altas temperaturas, de los turistas o de las Zonas de Bajas Emisiones, pero lo cierto es que algunos ayuntamientos están haciendo cosas realmente raras para el ordenamiento de la circulación en sus calles.
Es el caso del municipio de Lekeitio, en Vizcaya, que ha presentado una ordenación del nuevo sistema de aparcamiento organizado por zonas de colores que no satisface ni a los visitantes ni a la gran mayoría de los residentes.
Pocos contentos
En este caso el Ayuntamiento de la localidad, en manos de Bildu desde las pasadas elecciones, ha decidido una organización un tanto complicada y desde luego nada acogedora con los turistas o visitantes.
En concreto el municipio ha quedado dividido en tres zonas de aparcamiento, la verde está destinada a vecinos de la localidad y de municipios cercanos, la roja a repartidores y transportistas con un máximo de ocupación de 30 minutos y la azul que es exclusiva para residentes con un límite de ocupación de 24 horas.
No hay quién se aclare
En este caso los visitantes pueden elegir entre dos opciones, o estacionar en un aparcamiento gratuito para 'forasteros' que está ubicado a las afueras del pueblo y este verano ha mostrado un elevadísimo grado de ocupación o estacionar en el único parking municipal de pago dentro de la localidad, que tiene un precio de 12 euros cada 6 horas.
El alcalde ha modificado las ordenanzas urbanas de la localidad para ajustarlas a esta nueva regulación que estará en vigor durante la temporada de verano y con la que se busca mejorar el aparcamiento de los vecinos en la temporada estival, un verdadero problema con la llegada del turismo.
Conviene saber que Lekeitio, con menos de 7.300 habitantes, no tiene necesidad de poner en funcionamiento Zona de Bajas Emisiones, puesto que sólo son obligatorias para los municipios de más de 50.000 habitantes.